Tegucigalpa – La impunidad y la inseguridad continúan siendo los grandes desafíos para Honduras, según revela el informe «Estado de país 2025: Seguridad y Justicia» presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El documento, que analiza los tres años de gestión del gobierno de Xiomara Castro, destaca que a pesar de haber incrementado significativamente el presupuesto para las secretarías de Seguridad y Defensa (61% y 18.7% respectivamente), los resultados no reflejan mejoras sustanciales en la calidad de vida de los hondureños.
El director de Justicia y Seguridad de ASJ, Nelson Castañeda, fue enfático al señalar que «Honduras no va bien» en materia de seguridad ciudadana. «El gobierno se jacta de que antes se asesinaba a una mujer cada 26 horas y ahora se hace cada 29 horas. Si bien se obtuvo una ganancia de tres horas, este avance no es nada significativo cuando los crímenes siguen estando en la impunidad», expresó durante la presentación del informe.
Una de las principales preocupaciones que revela el estudio es el incumplimiento de las promesas gubernamentales. De los ocho compromisos principales contemplados en el Plan de gobierno para refundar Honduras (2022-2026), solamente uno ha sido cumplido: la derogación de la Ley de Secretos. Mientras tanto, cinco promesas siguen sin cumplirse, incluyendo la desmilitarización de la seguridad ciudadana y la derogación de leyes que favorecen la impunidad.
La extorsión y las masacres: dos flagelos en aumento
A pesar de la implementación del estado de excepción en diciembre de 2022 como medida contra la extorsión, este delito sigue afectando gravemente a la población. Según datos de la ASJ, el 11.6% de los hondureños reportó haber sido víctima de extorsión en 2024, siendo esta la cifra más alta registrada en los últimos seis años. Departamentos como Intibucá (18.2%), Atlántida (15.8%) y Colón (15.2%) presentan los índices más elevados.
El fenómeno de las muertes múltiples también muestra un preocupante incremento. Entre 2022 y 2024 se registraron 127 masacres que dejaron 500 personas fallecidas, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 13 masacres con 46 víctimas, lo que representa un aumento del 160% respecto al mismo período del año anterior.
Estado de excepción: medida controversial con resultados cuestionables
La prolongación del estado de excepción, instaurado hace más de dos años, ha generado más de 700 denuncias contra agentes del orden público, además de representar un riesgo para el sistema democrático de cara al proceso electoral de 2025. Castañeda cuestionó la efectividad de esta medida al comparar la situación con otros países: «Guatemala y Colombia también bajaron sus tasas de homicidios en el último año y no se encuentran bajo un estado de excepción como sí lo está Honduras».
Aunque la tasa de homicidios descendió a 25 por cada 100,000 habitantes en 2024 —la más baja en 18 años según datos oficiales—, Honduras sigue teniendo la tasa más alta de Centroamérica y una impunidad del 91% en estos casos.
Violencia contra grupos vulnerables
Los datos relacionados con violencia contra sectores vulnerables son igualmente alarmantes. Las denuncias por abuso sexual infantil aumentaron un 98% en 2024, con una impunidad del 92%. En cuanto a la violencia contra las mujeres, entre 2022 y 2024 se reportó una mujer asesinada cada 29 horas, con una impunidad del 86% en los casos registrados en 2024.
Castañeda señaló que actualmente 304 mil hogares hondureños son víctimas de extorsión y que 54 mujeres han sido asesinadas en el país este año. «Al final, el país continúa siendo el más violento de Centroamérica. ¿Y el aumento al presupuesto de Seguridad?», cuestionó.
Expectativas no cumplidas
La presentación del informe estuvo acompañada por un foro donde participaron Hilda Caldera, esposa del asesinado Alfredo Landaverde, y la exfiscal Nidia Ramos. Notablemente ausente estuvo la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien fue invitada pero no se presentó.
En este espacio, las participantes coincidieron en que «Honduras tenía una alta expectativa con el primer gobierno de una mujer, pero lamentablemente las promesas no se han cumplido». Las panelistas concluyeron que, pese a pequeños avances en algunos renglones de seguridad y justicia ciudadana, el balance general es negativo.
Ante esta situación, la ASJ urgió al gobierno a cumplir con sus promesas en materia de defensa, seguridad y justicia, así como a sustituir el estado de excepción por una estrategia integral y sostenible, basada en inteligencia policial, fortalecimiento institucional e inversión en prevención del delito.
El informe también destaca otros datos preocupantes, como el incremento del 165% en las denuncias de lavado de activos y un índice de impunidad del 89% en estos casos, además de los problemas generados por la controversia relacionada con el tratado de extradición con Estados Unidos, cuya denuncia ha sido suspendida hasta inicios de 2026.
