Tegucigalpa. – El gobierno de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU) estarían trabajando en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) en el país.
Así lo dio a conocer este jueves Radio América con la publicación de un supuesto borrador confidencial del memorándum de entendimiento entre el gobierno y la ONU.
En el documento las partes consideran los esfuerzos que viene realizando la ONU a través de los mandatos específicos de oficinas, agencias, fondos y programas para fortalecer el Estado de derecho y afianzar la lucha contra la impunidad y la corrupción.
“Reconociendo la naturaleza no vinculante de este instrumento; el 14 de febrero de 2022 la Presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, envió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitándole la asistencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras”, señalan.
En el documento las partes especifican que es su compromiso promover, en consonancia con el sentir popular, un esfuerzo decidido por reforzar el estado de derecho, la separación de poderes y la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Parte de los acuerdos ya estipulados en el borrador previo a la instalación de la CICIH:
El Gobierno asiente los cimientos que permitirán que las Naciones Unidas establezcan un mecanismo internacional imparcial e independiente (“el mecanismo”), demostrando el compromiso y voluntad política de las autoridades con el fortalecimiento de un sector de justicia independiente.
Envío de un equipo de expertos a Honduras, encargados de realizar un diagnóstico de los instrumentos , instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción; brindar asistencia técnica en relación a las reformas legales necesarias para el establecimiento y buen funcionamiento de un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción y establecer un diálogo con el Ministerio Público y otras instituciones ligadas a los esfuerzos de lucha contra la impunidad y la corrupción.
Apoyo técnico a la futura implementación una vez aprobado el marco normativo, el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno reconoce que el equipo de expertos podrá incluir la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos reglamentarios, constituirá un requisito para que las Naciones Unidas prosigan con su involucramiento.
Realizar investigaciones de forma independiente, así como constituirse como acusador privado.
Cualquiera de los participantes podrá dar por terminado el presente instrumento.
