Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), José Eugenio Sosa, defendió este martes los indicadores oficiales que sitúan la pobreza extrema en Honduras en 40 por ciento de los hogares, representando una reducción de 13 puntos porcentuales respecto al 53 por ciento registrado en 2021, mientras cuestionó públicamente las cifras alternativas manejadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
«La extrema pobreza en nuestra medición, anda en 40 por ciento de los hogares, que en el 2021 la encontramos a un poco más del 53 por ciento, de hecho, es donde más hay una reducción del 13 por ciento», puntualizó Sosa, estableciendo una mejora significativa en los indicadores sociales durante la administración actual.
Sin embargo, el funcionario dirigió críticas específicas hacia las mediciones del sector privado, cuestionando la metodología y transparencia de sus datos. «Ahora de dónde sacó esas cifras el Cohep no sé, nos gustaría que nos la compartiera la base de datos, porque muchas veces las instituciones hacen sus propios números», declaró Sosa, evidenciando tensiones entre instituciones oficiales y privadas sobre la medición de indicadores sociales.
El director del INE demandó mayor transparencia de organizaciones que producen estadísticas alternativas, señalando que «es necesario que las instituciones revelen las cifras ya que no se pueden hacer comparaciones» sin acceso a las metodologías y bases de datos utilizadas por entidades como Cohep.
Sosa reconoció que, pese a la reducción reportada, «es necesario bajar aún más esos índices de pobreza extrema en el país», admitiendo que los niveles actuales siguen siendo elevados y requieren intervención sostenida de políticas públicas para continuar la tendencia descendente.
El funcionario contextualizó la persistencia de la pobreza como un problema estructural que trasciende administraciones específicas. «La pobreza en el país corresponde a los problemas estructurales», explicó, sugiriendo que las mejoras requieren transformaciones profundas en el modelo de desarrollo nacional más que intervenciones coyunturales.
Sosa caracterizó la reducción de estos indicadores como «un gran desafío para el país» y estableció condiciones para mejorar la calidad de la medición estadística nacional. Concluyó que «es fundamental unificar criterios técnicos y transparentar las fuentes de información, para que las estadísticas sobre pobreza reflejen con mayor precisión la realidad del país y sirvan de base para la formulación de políticas públicas eficaces».
La controversia sobre las cifras de pobreza evidencia disputas más amplias entre gobierno y sector privado sobre la evaluación del desempeño económico y social de la administración Castro, donde cada sector utiliza indicadores que favorecen sus narrativas políticas respectivas.
La demanda del INE para que Cohep comparta sus bases de datos refleja un esfuerzo gubernamental por controlar la narrativa sobre indicadores sociales, especialmente en un contexto electoral donde las cifras de pobreza constituyen elementos centrales del debate sobre la efectividad de las políticas oficialistas.
El reconocimiento oficial de que 40% de hogares hondureños permanecen en pobreza extrema, aún con la reducción reportada, evidencia la magnitud de los desafíos sociales que enfrenta el país y la necesidad de mantener políticas sostenidas para continuar mejorando las condiciones de vida de la población más vulnerable.
La propuesta de Sosa de unificar criterios técnicos sugiere que las diferencias en medición entre instituciones no solo reflejan disputas metodológicas, sino también divergencias sobre cómo evaluar el progreso social y las prioridades de política pública en el contexto hondureño actual.
