Tegucigalpa – Una multitudinaria protesta de inversionistas afectadas por Koriun Inversiones bloqueó este día la carretera que conecta San Pedro Sula con el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, exigiendo la devolución inmediata de sus fondos invertidos en la controvertida empresa.
Las manifestantes, principalmente mujeres, realizaron una marcha pacífica hasta las instalaciones de Koriun Inversiones, donde demandaron no solo la restitución de su dinero, sino también la intervención personal de la presidenta Xiomara Castro para resolver su situación. El bloqueo vial impidió completamente el paso vehicular entre ambas ciudades durante varias horas.
La empresa Koriun Inversiones, que inició operaciones hace siete años, alcanzó particular notoriedad en 2024 en la zona de Choloma. Aprovechando el contexto de desempleo y crisis económica, la compañía logró captar a extrabajadores de maquilas y ciudadanos comunes mediante promesas de ganancias rápidas y atractivos rendimientos.
Sin embargo, las señales de alarma se activaron en febrero de 2025, cuando la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) emitió un comunicado oficial advirtiendo que Koriun no contaba con autorización para captar fondos del público y que los depósitos realizados no gozaban de la protección del Fondo de Seguros de Depósitos (Fosede).
A pesar de esta advertencia regulatoria, la Alcaldía de Choloma otorgó un permiso de operación a la empresa, decisión que generó controversia y críticas severas por parte de expertos en el sector financiero, quienes cuestionaron la legalidad y transparencia de dicha autorización.
La situación se agravó el 23 de abril de 2025, cuando el Ministerio Público, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó un operativo para asegurar las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades del país.
Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron bienes diversos, vehículos y cuentas bancarias, encontrando 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones adicionales en cuentas bancarias. Aunque las autoridades han informado que el dinero ya fue entregado a las instancias correspondientes, los inversionistas afectados aseguran que aún no han recibido la devolución de sus fondos.
