Tegucigalpa, Honduras – El sistema de justicia hondureño fortalece la cooperación internacional contra el crimen organizado mediante decisiones judiciales que facilitan la persecución transnacional de delitos financieros y narcotráfico. Jueces de Extradición de Primera Instancia resolvieron conceder peticiones formuladas por Perú y Estados Unidos para extraditar ciudadanos hondureños acusados de participación en redes criminales que operan a escala internacional, evidenciando la efectividad de mecanismos de cooperación judicial que trascienden fronteras nacionales.
El caso peruano involucra acusaciones de participación en operaciones de lavado de activos con dimensiones internacionales complejas. La República del Perú solicita a Peter Milton López Orozco por su presunta participación «en el delito de Lavado de Activos en su modalidad de Conversión y Transferencia», según la acusación fiscal.
López Orozco habría intentado «enviar vía aérea del Perú a los EEUU de cinco barras de oro», aunque «de acuerdo a la investigación los documentos de su empresa no tenían sustento fehaciente de su adquisición y se indicó que fueron compradas de manera ilegal».
La petición estadounidense se centra en actividades de narcotráfico que conectan Honduras con redes criminales mexicanas especializadas en distribución de cocaína. Estados Unidos solicita la extradición de Ricky Wedell Juárez Haylock por «supuesto responsable del delito de Conspiración para Distribuir cinco kilogramos de Cocaína con la Intención, Conocimiento y Causa Razonable para creer que sería Importada a los EEUU».
La investigación revela que Juárez Haylock «supuestamente proporcionó información relacionada con la ubicación de los activos de seguridad, así como recibir, almacenar y vender la droga a organizaciones mexicanas».
Sin embargo, el proceso judicial enfrenta obstáculos procedimentales que podrían dilatar la materialización efectiva de las extradiciones. Para Juárez Haylock, «la Extradición queda en carácter de diferida, ya que se constató que tiene una orden de captura por el delito de Tráfico de Drogas Agravado en el Juzgado de Letras de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción», requiriendo resolución previa de procesos penales internos antes de proceder con la entrega internacional.
La complejidad de estos casos ilustra la sofisticación de redes criminales que operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones, aprovechando diferencias legislativas y procedimentales entre países. Las investigaciones documentan operaciones que combinan lavado de activos con narcotráfico internacional, evidenciando la necesidad de coordinación estrecha entre autoridades de diferentes naciones para desarticular efectivamente estas organizaciones criminales transnacionales.
El Poder Judicial advirtió sobre la posibilidad de recursos legales que podrían suspender temporalmente estos procesos de extradición.
«Ambos jueces señalaron a las partes involucradas que ante esa determinación se puede interponer el Recurso de Apelación ante el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes actúan como segunda instancia», indicó la resolución judicial, estableciendo mecanismos de revisión que garantizan debido proceso pero que pueden extender significativamente los cronogramas de cooperación internacional contra el crimen organizado que requiere respuestas ágil
