Tegucigalpa – Un tribunal especializado en criminalidad organizada y corrupción ha dictado sobreseimiento definitivo a favor de las exjuezas Thelma Aracely Cantarero, Ruth Anabella Cruz y Zoila Rosa Hernández, quienes enfrentaban acusaciones por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.
Las acusaciones, que bajo el anterior Código Penal conllevaban penas de entre 3 y 6 años por cada delito, surgieron de un conflicto de propiedad en la colonia Cerro Grande de la capital, donde se enfrentaban los intereses de una familia y una empresa urbanizadora. El caso específico se centraba en una presunta omisión en la resolución de excepciones de falta de acción y nulidad de actuaciones.
El tribunal, que evaluaba los cargos de usurpación y daños, determinó la inexistencia del «más mínimo indicio de participación» de las exfuncionarias judiciales en los hechos denunciados, lo que llevó al sobreseimiento definitivo de la causa.
El Ministerio Público cuenta con un plazo de tres días para presentar un recurso de apelación contra esta decisión judicial, que pone fin a un proceso que ha cuestionado la actuación de estas exfuncionarias en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Esta resolución marca un precedente importante en casos relacionados con la responsabilidad judicial y evidencia la necesidad de pruebas sólidas para sostener acusaciones contra funcionarios del sistema de justicia.
