San Pedro Sula – El portavoz de los tribunales de justicia de San Pedro Sula, Luis Gabriel Barahona, informó que la audiencia preliminar contra los supuestos implicados en el asesinato del ambientalista Juan López fue suspendida y reprogramada para el 14 de agosto a las 10 de la mañana, luego de que tanto la defensa como la fiscalía solicitaran más tiempo para reunir las pruebas periciales necesarias para el proceso. La postergación prolonga la espera de justicia en un caso que ha sido emblemático por evidenciar las fallas del sistema de protección a defensores ambientales en Honduras, considerando que López contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2023, pero nunca gozó de protección efectiva antes de ser ultimado el 14 de septiembre de 2024.
El juez consideró procedente la petición conjunta de las partes y reprogramó la audiencia que originalmente estaba programada para este día en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, decisión que se tomó tras el inicio formal de la sesión judicial. Tres personas permanecen en prisión preventiva desde el 6 de octubre pasado, cuando el Ministerio Público anunció su arresto como presuntos perpetradores del crimen, mientras que tres días después un juzgado local ordenó la acusación formal por el delito de asesinato en perjuicio del defensor del medioambiente y confirmó su detención bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial.
El asesinato de Juan López ocurrió cuando el ambientalista salía de la iglesia a la que se congregaba en la colonia Favio Ochoa de Tocoa, siendo ultimado con varios disparos en un ataque que conmocionó tanto a la comunidad local como a organizaciones internacionales de derechos humanos. López había recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2023 debido a las amenazas que enfrentaba por su trabajo de defensa ambiental, pero la falta de implementación efectiva de estas medidas de protección permitió que su vida fuera arrebatada en circunstancias que evidenciaron las debilidades del sistema hondureño para proteger a defensores de derechos humanos en situación de riesgo.
Amnistía Internacional ha declarado que este proceso judicial puede ser clave para que la familia de Juan López obtenga verdad, justicia y reparación por el crimen cometido en septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa, destacando la importancia de que el sistema de justicia hondureño demuestre su capacidad para investigar y sancionar efectivamente los asesinatos de defensores ambientales. La postergación de la audiencia, aunque justificada por la necesidad de completar las pruebas periciales, mantiene en suspenso las expectativas de familiares y organizaciones que han seguido de cerca este caso como una prueba del compromiso estatal con la protección de quienes defienden el medio ambiente y los recursos naturales del país.
El caso de Juan López se ha convertido en un símbolo de la violencia sistemática que enfrentan los defensores ambientales en Honduras, país que históricamente ha registrado altos índices de asesinatos contra activistas que cuestionan proyectos extractivos o defienden territorios ancestrales.
La reprogramación de la audiencia para agosto representa una nueva demora en un proceso que la comunidad internacional observa como indicador de la voluntad del Estado hondureño para combatir la impunidad que tradicionalmente ha caracterizado los crímenes contra defensores de derechos humanos, mientras las organizaciones civiles mantienen la presión para que se esclarezcan tanto los aspectos materiales como intelectuales de un crimen que pudo haberse evitado con la implementación efectiva de las medidas de protección que ya habían sido otorgadas por instancias internacionales especializadas en la defensa de los derechos humanos.
