Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó la noche de este martes un amplio paquete de amnistías en materia tributaria que abarca las áreas municipal, seguro social, energética, vehicular, telecomunicaciones y servicios de agua potable, extendiendo el plazo de aplicación hasta el 30 de septiembre tras una solicitud del jefe de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, quien argumentó la necesidad de ampliar el período para que más hondureños puedan beneficiarse de esta oportunidad de regularización financiera.
Originalmente, la amnistía estaba programada para concluir el 31 de julio, pero la extensión de dos meses adicionales busca facilitar el acceso a ciudadanos y empresas que requieren más tiempo para organizar sus finanzas y aprovechar la condonación de sanciones acumuladas.
En el caso específico de la amnistía tributaria municipal, el beneficio aplica para todas las municipalidades del país con un plazo que se extiende hasta el 30 de septiembre para el pago de obligaciones sin multas, intereses y recargos causados por mora administrativa o judicial que se haya acumulado hasta el 31 de diciembre de 2024.
Esta medida representa una oportunidad significativa para contribuyentes que mantienen deudas pendientes con gobiernos locales, permitiéndoles regularizar su situación fiscal sin el peso adicional de las sanciones que tradicionalmente se aplican por pagos tardíos, lo que podría incentivar una mayor recaudación municipal al eliminar las barreras financieras que desalientan la regularización voluntaria.
Las amnistías aprobadas abarcan instituciones estratégicas del Estado incluyendo el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto de la Propiedad (IP), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), y el Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillado (SANAA), creando así un marco integral de regularización que permite a los usuarios resolver simultáneamente múltiples obligaciones pendientes con diferentes entidades estatales.
Esta coordinación interinstitucional facilita a ciudadanos y empresas la posibilidad de regularizar comprehensivamente sus situaciones financieras con el Estado, reduciendo costos administrativos y simplificando procesos que tradicionalmente requerían gestiones separadas en cada institución.
Para acceder a estos beneficios, las personas naturales o jurídicas interesadas deben realizar el pago de los valores correspondientes a sus obligaciones principales sin la aplicación de multas, recargos o intereses, lo que representa un alivio financiero considerable especialmente para aquellos contribuyentes que han acumulado sanciones significativas durante períodos prolongados de mora.
El mecanismo de amnistía permite que los deudores paguen únicamente el monto original de sus obligaciones, eliminando el componente sancionatorio que en muchos casos puede llegar a superar el valor de la deuda principal, creando así un incentivo real para la regularización voluntaria que beneficia tanto a los contribuyentes como a las instituciones recaudadoras.
La aprobación de estas amnistías refleja el reconocimiento legislativo de las dificultades económicas que enfrentan ciudadanos y empresas para mantener al día sus obligaciones con múltiples instituciones estatales, mientras busca generar un flujo de ingresos extraordinarios para estas entidades mediante la regularización masiva de carteras morosas que tradicionalmente presentan bajos índices de recuperación.
La extensión del plazo hasta septiembre evidencia además la sensibilidad política hacia las limitaciones financieras de la población, otorgando tiempo adicional para que más hondureños puedan organizar sus recursos y aprovechar esta oportunidad de regularización que podría no repetirse en el corto plazo, mientras las instituciones beneficiarias esperan mejorar significativamente sus indicadores de recaudación mediante la conversión de deudas de difícil cobro en ingresos efectivos que fortalezcan sus capacidades operativas.
