Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitió un duro reproche contra los diputados de oposición que bloquearon la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (CICIH), calificando como «lamentable que 48 congresistas bloqueen» este mecanismo anticorrupción internacional.
Un total de 48 congresistas no respaldaron la aprobación del rango constitucional ni la eliminación del fuero o inmunidad legislativa, requisitos fundamentales para el funcionamiento de la CICIH. Según el registro de votaciones presentado por Redondo, los legisladores que votaron a favor aparecen identificados en color verde (79), mientras que quienes no lo hicieron figuran en rojo, amarillo y negro.
El dirigente legislativo destacó que «toda la bancada del Partido Libre votó a favor», registrando incluso el voto del vicepresidente Hugo Noé Pino en una de las votaciones. De igual manera, reconoció que la mayoría de diputados del Partido Liberal respaldaron la iniciativa, con excepción de Iroska Elvir de Nasralla, Maribel Espinoza, Suyapa Figueroa y Mauricio Villeda, quienes no votaron favorablemente.
Del Partido Salvador de Honduras (PSH), únicamente los diputados Tomás Ramírez y Osman Chávez respaldaron las reformas, mientras que José Matheu se retiró por una emergencia antes de las votaciones. También se registraron votos favorables de Jorge Zelaya del Partido Nacional, Rolando Barahona, así como de Carlos Raudales y Jorge Gaido de la Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción.
Redondo lanzó una severa advertencia política contra los legisladores que rechazaron las reformas, señalando que si los congresistas «no escuchan el clamor popular y solo votan para representar y defender a los grupos de poder económicos y políticos que se niegan a pagar impuestos», enfrentarán las consecuencias en las urnas.
El presidente del Legislativo fue particularmente crítico al vincular a estos grupos con episodios históricos de la política hondureña, indicando que se trata de los mismos sectores «que dieron el golpe de Estado y que son los mismos que expulsaron a la MACCIH». En este contexto, advirtió que «será el pueblo quien podrá juzgarlos en las urnas del próximo proceso electoral de 2025».
La declaración de Redondo evidencia la profundización de las tensiones políticas en torno a la implementación de la CICIH, un compromiso asumido por el gobierno de Xiomara Castro desde el inicio de su administración. El fracaso en obtener los 86 votos necesarios para las reformas constitucionales representa un obstáculo significativo para la materialización de este mecanismo internacional que busca combatir la corrupción e impunidad en Honduras.
