Tegucigalpa – El analista en temas de seguridad Germán Licona señaló este martes que en el territorio nacional circulan más de un millón de armas sin registro ni control de parte del Estado de Honduras. La cifra es alarmante considerando que «casi el 80% de las muertes violentas en el país se da con armas de fuego», según destacó el especialista.
Licona, quien ha sido uno de los precursores en proponer medidas para reducir la violencia, indicó que «desde hace días, yo he sido uno de los precursores que haga una reducción de la violencia a través del control o de la medida que se quiere implementar para que se desarme a la población que no tiene documentos en regla».
El experto en seguridad mencionó que muchas de las armas que no tienen registro o permiso «tal vez son armas obtenidas ilegalmente y la Secretaría de Seguridad en algún momento las legalizó». Esta situación evidencia las fallas en el sistema de control de armamento que han permitido la proliferación de armas ilegales en el país.
Según datos de estudios especializados, Honduras cuenta con aproximadamente un millón de armas en circulación, tanto legales como ilegales, mientras que la oficina de balística solo tiene registradas 400,000 armas. Esto significa que más del 60% del armamento en el país opera fuera del marco legal establecido.
La problemática se agrava considerando que Honduras no produce armas de fuego y todas son importadas, siendo las Fuerzas Armadas quienes mantienen el monopolio de su control. Sin embargo, la centralización no ha evitado que muchas de estas armas terminen en el mercado negro, alimentando la violencia y el crimen organizado.
Licona propuso que «en la actualidad lo que se tiene que tratar de hacer es incidir colectivamente a través de un desarme general para que la vorágine de las fuerzas violentas se reduzcan significativamente y no nos expongamos más en violencia». Esta medida buscaría atacar directamente la raíz del problema de la violencia armada en el país.
El analista coincide con estudios internacionales que revelan que más del 80% de los homicidios en Honduras se cometen con armas de fuego, una cifra que supera significativamente el promedio mundial del 50%. Esta situación coloca al país entre los más afectados por la violencia armada a nivel regional.
La propuesta de desarme general surge en un contexto donde Honduras ha intentado fortalecer el control de armas a través de reformas legales, pero los resultados han sido limitados debido a la entrada ilegal de armamento por las fronteras y la corrupción en las instituciones de seguridad.
Recientemente, Honduras se unió a un pacto regional junto a otros seis países para frenar el tráfico de armas y municiones, una iniciativa promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA) que busca establecer objetivos concretos hasta 2035 para combatir la proliferación ilícita de armamento.
Las declaraciones de Licona llegan en un momento crucial cuando las autoridades buscan estrategias efectivas para reducir los altos índices de violencia que afectan al país, donde cada día se registran aproximadamente 13 homicidios, la mayoría cometidos con armas de fuego que circulan sin el debido control estatal.
