Tegucigalpa – La estrategia política del oficialismo para las elecciones de noviembre tomó un giro inesperado cuando Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación (Libre), propuso públicamente un «acuerdo político» en el Consejo Nacional Electoral que le permita al partido gobernante esquivar los mecanismos de transparencia aprobados por la mayoría de consejeros. La iniciativa surge en el momento más delicado para el oficialismo, que enfrenta el escándalo del «cheque video» donde se evidencia el desvío de fondos públicos hacia actividades proselitistas, y mientras Zelaya aborda por primera vez las acusaciones históricas contra su padre por participar en la Masacre de Los Horcones de 1975.
El expresidente y esposo de la mandataria Xiomara Castro reveló que Libre iniciará una movilización de tres días en Tegucigalpa para presionar al CNE contra la decisión de implementar una doble verificación de actas que presenten inconsistencias en las elecciones generales. Esta medida, aprobada por dos de los tres consejeros del máximo órgano electoral, busca garantizar mayor transparencia en el proceso de conteo, pero el oficialismo la considera un mecanismo que se presta al fraude.
La posición de Zelaya marca un retroceso significativo respecto al discurso de transparencia electoral que caracterizó el ascenso de Libre al poder. En lugar de defender los controles técnicos diseñados para asegurar elecciones limpias, el coordinador partidario propone que «debe de haber un acuerdo político para que las elecciones sean un reflejo de la voluntad popular», lo que efectivamente busca imponer criterios partidarios sobre la normativa electoral vigente.
Esta estrategia cobra particular relevancia cuando se analiza en el contexto del escándalo de corrupción que sacude al gobierno. El «cheque video», filtrado durante el fin de semana, reveló una conversación entre el ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar, donde detallan cómo recursos públicos de más de 100 mil lempiras fueron desviados hacia actividades de campaña del partido oficialista durante las elecciones primarias del 9 de marzo.
El escándalo, que analistas han comparado con los casos «Pandora» y «Hermes» de administraciones anteriores, evidencia que Libre reproduce las mismas prácticas clientelistas que criticó durante años desde la oposición. La grabación muestra cómo fondos destinados supuestamente para reparación de viviendas y proyectos sociales fueron convertidos en efectivo para adquirir materiales y kits utilizados por estructuras políticas del partido gobernante.
Zelaya negó categóricamente que Libre utilice recursos del tesoro nacional para la campaña política, pero reconoció que el escándalo requiere investigación de los organismos competentes. La presidenta Castro anunció que será «implacable» si se confirma corrupción y ordenó un informe en 72 horas, aunque críticos señalan que esto equivale a que «el gobierno se audite a sí mismo».
En una revelación histórica sin precedentes, Zelaya abordó por primera vez públicamente la Masacre de Los Horcones, donde su padre fue condenado por participar en el asesinato de hasta 14 líderes religiosos, campesinos y estudiantes en Olancho en junio de 1975. José Manuel «Mel» Zelaya, terrateniente y padre del expresidente, supuestamente ofreció una recompensa de 2,500 dólares por matar al sacerdote colombiano Iván Betancourt, según documentos judiciales de la época.
«La he condenado con todas las fuerzas de mi alma y de mi sangre desde el principio de mis valores cristianos», declaró Zelaya hijo sobre la masacre que marcó uno de los episodios más oscuros de la represión militar en Honduras. La masacre, ocurrida en el contexto de tensiones entre grandes terratenientes y el activismo social de la iglesia, dejó entre las víctimas al padre Betancourt y a campesinos que promovían cooperativas de reforma agraria.
El coordinador de Libre utilizó el momento para proyectar una imagen de víctima política, argumentando que su partido «es minoría en todos los organismos electorales» y se constituye en «la oposición real ante los grupos poderosos». Esta narrativa contrasta con la realidad de un partido que controla el Ejecutivo, tiene mayoría en el Congreso Nacional y cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, ejerce simultáneamente como ministra de Defensa.
Las movilizaciones anunciadas por Zelaya comenzaron el jueves y culminarán el sábado 28 de junio con una concentración en Casa Presidencial que se dirigirá hacia las instalaciones del CNE para respaldar las denuncias de Moncada. La candidata oficialista ha acusado al «bipartidismo» de planificar cambios en el proceso de divulgación de actas electorales, aunque la decisión fue tomada por mayoría institucional y busca fortalecer la transparencia del proceso.
La estrategia oficialista evidencia la contradicción fundamental en la que ha caído Libre: mientras enfrenta evidencias de corrupción en el uso de fondos públicos para campaña, busca debilitar los mecanismos de control electoral que podrían garantizar elecciones transparentes. El partido que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción ahora reproduce las mismas prácticas y rechaza los controles que podían exponer irregularidades en su favor.
Zelaya reflexionó que «en 42 meses no se reconstruye el tejido social de una nación», justificando así la necesidad de continuar en el poder «de la mano de otra mujer». Sin embargo, los escándalos de corrupción y la resistencia a los mecanismos de transparencia electoral sugieren que el oficialismo ha optado por profundizar los vicios del sistema político hondureño en lugar de transformarlo.
La coincidencia temporal entre el escándalo del «cheque video», las declaraciones sobre Los Horcones y la propuesta de un «acuerdo político» que subordine la normativa electoral a criterios partidarios, configura un panorama donde Libre enfrenta su mayor crisis de legitimidad desde que asumió el poder en enero de 2022. Las elecciones de noviembre se perfilan así no solo como una contienda por el poder, sino como una prueba definitiva sobre si Honduras puede consolidar instituciones democráticas o permanecerá atrapada en ciclos de corrupción y autoritarismo electoral.
