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Tegucigalpa

Abogado asegura que Micheletti está amparado por el Acuerdo de Cartagena

Héctor Pérez sostiene que el expresidente interino está protegido por el acuerdo que perdonó delitos políticos tras la crisis de 2009 y califica de "persecución política" los recientes requerimientos fiscales

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Tegucigalpa – El abogado Héctor Pérez declaró este lunes que el expresidente Roberto Micheletti, quien gobernó Honduras entre junio de 2009 y enero de 2010, y quien habría salido del país ante un inminente requerimiento fiscal, está legalmente protegido por el Acuerdo de Cartagena.

«Estamos claros que esta es una persecución política porque recuerde que él está amparado en el Acuerdo Cartagena, porque recuerde que ese acuerdo se le perdona todos los delitos políticos a las partes involucradas, no solo por parte del oficialismo en ese entonces», manifestó el profesional del derecho.

Pérez señaló que varios exfuncionarios del partido político que estaba en el poder durante la época del golpe de Estado de junio de 2009 también fueron perdonados bajo los términos de dicho acuerdo. «Muchas personas en el gobierno cometieron delitos políticos y también fueron perdonados bajo el Acuerdo de Cartagena y gracias a este mismo acuerdo, Mel Zelaya pudo volver a Honduras porque estaba exiliado en República Dominicana», afirmó.

El abogado considera que la emisión de un requerimiento fiscal en un año electoral representa una estrategia intimidatoria por parte del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), surgido tras el golpe de Estado. «Es una intimidación, el partido de gobierno está dispuesto a ganar las elecciones sí o sí, de forma legal o ilegalmente en noviembre de este año», expresó al cuestionar el momento escogido para el requerimiento.

Pérez cuestionó lo que considera un trato desigual por parte del Ministerio Público: «Si vamos a revivir lo que hizo Micheletti Bain, revivamos también lo de la abogada Rixi Moncada -por el abandono de varios millones en una habitación de un hotel en Choluteca- y que se le emita requerimiento a la abogada, pero no lo harán. Se ve que es una persecución política porque el Ministerio Público no va a actuar de forma igualitaria sino de una forma preferencial».

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