Tegucigalpa – El Ministerio Público presentó este viernes una ampliación de requerimiento fiscal ante un juez con competencia nacional en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, solicitando la citación de varios imputados en el caso que involucra a la empresa Koriun Inversiones.
La acción fiscal busca avanzar en el proceso judicial contra siete personas señaladas como presuntos responsables del delito de asociación para delinquir en perjuicio de derechos fundamentales.
El requerimiento fiscal se dirige específicamente contra tres imputados que actualmente se encuentran bajo custodia: dos personas recluidas en el centro penal de Támara y una persona que cumple arresto domiciliario. La Fiscalía solicita que estos tres imputados rindan declaración indagatoria como parte del proceso de investigación que busca esclarecer su participación en la presunta red criminal vinculada a Koriun Inversiones.
Entre los acusados que ya están bajo custodia figuran Iván Abad Velásquez Castro, Kefy Esmeralda Gavarrete Sánchez y Marcos Abel Villeda Galdámez, quienes deberán enfrentar el proceso judicial desde sus respectivas condiciones de detención. La Fiscalía busca que estos tres imputados comparezcan ante la autoridad judicial para rendir sus versiones sobre los hechos investigados.
Para los otros cuatro imputados identificados como Elder Jehovany Gómez Guevara, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Yuvini Velásquez Urbina y Renán Humberto Mairena, el Ministerio Público solicita al juez liberar las órdenes de captura correspondientes. Estas órdenes permitirían a las autoridades proceder con la detención de los señalados para integrarlos al proceso judicial en curso.
El MP solicita además que se imponga medida cautelar de detención judicial para los imputados, lo que garantizaría su permanencia en el sistema de justicia durante el desarrollo del proceso. Esta petición refleja la consideración fiscal de que los acusados representan un riesgo procesal que requiere medidas restrictivas de libertad para asegurar su comparecencia ante los tribunales.
Como parte del desarrollo probatorio del caso, la Fiscalía pide autorización judicial para realizar el análisis de escuchas telefónicas que presumiblemente contienen evidencia relevante para la investigación. Este tipo de pruebas requiere autorización judicial específica debido a su naturaleza sensible y las garantías constitucionales que protegen las comunicaciones privadas.
El requerimiento incluye también la solicitud de juramentación de peritos especializados que deberán aportar conocimiento técnico para el esclarecimiento de los hechos investigados. La participación de expertos sugiere que el caso involucra aspectos técnicos o financieros complejos que requieren análisis especializado para su comprensión judicial.
La Fiscalía solicita adicionalmente la fijación de fecha para la audiencia inicial, lo que marcaría el inicio formal del proceso judicial contra todos los imputados una vez que se completen las capturas pendientes y se cumplan los requisitos procesales establecidos por el juez competente.
Todos los señalados enfrentan acusaciones por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de derechos fundamentales, un cargo que implica la presunta formación de una estructura criminal organizada para cometer delitos de manera sistemática. Esta tipificación penal sugiere que la investigación ha identificado patrones de comportamiento criminal coordinado entre los imputados.
El caso Koriun Inversiones se desarrolla ante un juez con competencia nacional especializada en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, lo que indica la naturaleza compleja de los delitos investigados y la necesidad de expertise judicial específico para su tratamiento. Esta especialización judicial busca garantizar el manejo adecuado de casos que involucran estructuras criminales sofisticadas.
La ampliación del requerimiento fiscal evidencia que la investigación del Ministerio Público ha progresado significativamente, identificando nuevos elementos probatorios y clarificando la participación de los diferentes imputados en la presunta red criminal. Este avance procesal representa un paso importante hacia la judicialización completa del caso.
La empresa Koriun Inversiones aparece como el elemento central de la investigación, aunque el requerimiento fiscal no detalla específicamente las actividades empresariales que habrían servido como vehículo para las actividades delictivas investigadas. La naturaleza de la empresa y su papel en la presunta asociación para delinquir será materia de esclarecimiento durante el desarrollo del proceso judicial.
