El Instituto de la Propiedad (IP) informa a la ciudadanía que este día miércoles 21 de mayo del 2025, el Ministerio Publico (MP) ejecutó un operativo de secuestro de documentos en sus oficinas, como parte de una línea de investigación relacionada con presuntos actos de corrupción vinculados al extinto fideicomiso SITEC-IP.
Esta acción corresponde a una etapa de seguimiento y solicitud de nueva documentación requerida por el Ministerio Publico, con el fin de avanzar en la línea de investigación presentada por la Comisión interventora al asumir funciones.
En el informe se entregó evidencia sobre posibles irregularidades cometidas en el marco de dicho fideicomiso, que era administrado por la Unidad Coordinadora de Proyectos.
Entre la documentación requerida se incluyen contratos, adendas, convenios y otros relacionados con proyectos ejecutados entre los años 2022 y 2024, durante este periodo se logró documentar e identificar lo siguiente:
- Contratación irregular de ONG y fundaciones mediante convenios modificados fuera del periodo de vigencia del fideicomiso.
- Modificaciones y ampliaciones de contratos sin justificación técnica ni legal, que alteraron el objeto final y sus beneficiarios.
- Firma de contratos posteriores a la derogación del fideicomiso, ejecutada mediante el Decreto Legislative No 66-2022 aprobado el 27 de mayo de 2022 y publicado en la Gaceta el 15 de junio de 2022.
- Simulación de procesos de contrataci6n de personal con convenios no contemplados en el presupuesto institucional, presuntamente para beneficiar a grupos selectivos (consultoras sin cumplimiento de productos).
- Proyectos de vivienda social inconclusos e inhabitables, financiados con fondos publicos y destinados a poblaciones vulnerables, como los damnificados por ETA e IOTA.
- Desembolsos millonarios a fundaciones a través de convenios disfrazados de estudios y curses de convivencia social utilizando proyectos habitacionales inconclusos por empresas constructoras simulando la entrega y culminaci6n de las mismas por parte de estas fundaciones.
- Compromisos financieros sin respaldo documental, que hoy generan demandas y reclamos por parte de contratistas que no pueden ser validados legalmente, es decir entrega de cheques por parte de la UCP sin ejecuci6n de proyectos.
Estos hallazgos fueron posibles gracias al trabajo realizado por la Comisión interventora, que desde su llegada ha priorizado la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.
El Instituto de la Propiedad reitera que no puede honrar compromisos económicos que carezcan de respaldo legal y documental. La actual administraci6n mantiene su compromise con una gesti6n publica ética, transparente y apegada a la ley, y continuara colaborando de manera plena con el Ministerio Publico y demás autoridades competentes para que se deduzcan las responsabilidades correspondientes y se recupere la confianza ciudadana.
