Tegucigalpa – El primer fiscal general de Honduras, Edmundo Orellana, lanzó duros señalamientos contra el actual Ministerio Público, reprochando su papel en casos de alta relevancia nacional que permanecen sin respuestas satisfactorias para la ciudadanía. Según el exfiscal, la institución no ha sido capaz de ofrecer respuestas por las desastrosas elecciones primarias de marzo, el escándalo de estafa piramidal Koriun, y mucho menos por el galopante delito de la extorsión que afecta a más de 300 mil familias hondureñas.
«La Fiscalía está debilitada y eso es muy grave», insistió Orellana durante una entrevista donde expuso sus críticas más contundentes hacia la gestión del actual fiscal general Johel Zelaya. El exfuncionario identificó el problema como fundamentalmente institucional, señalando que pese a las expectativas generadas con el cambio de fiscal, se ha observado un manejo negligente en los casos más críticos del país.
«El problema es institucional, creo yo fundamentalmente, por supuesto que con el cambio todos esperábamos que fuera más contundente, pero hemos visto un manejo negligente en los casos anteriormente descritos, al grado que uno piensa que el Ministerio Público no actúa correctamente y no digamos en el resto donde se ha debilitado, ha perdido el entusiasmo», aseveró el jurista.
En el caso específico de Koriun, Orellana fue particularmente crítico del manejo dado por las autoridades. Citó que ha sido una situación muy mal manejada donde se captura a personas que más bien parecen choferes del administrador, mientras los verdaderos responsables permanecen libres. «Hay 400 millones de lempiras que nadie sabe qué pasó con ellos, y ahora quieren que nosotros con nuestros impuestos les paguemos a las víctimas. Y ellos por qué no protegieron ese dinero», cuestionó.
El exministro de Transparencia del actual gobierno había señalado previamente que con la actuación del MP en el caso Koriun, Honduras se está convirtiendo en «el país de la ilegalidad», ya que la empresa sigue operando normalmente pese a las investigaciones en su contra. Orellana también calificó como ilegal el eventual uso de fondos públicos para compensar a las víctimas de la estafa piramidal.
Igualmente, cuestionó el papel del Ministerio Público en los casos de hondureños que cumplieron condenas en Estados Unidos. «Esa gente cometió delitos aquí en Honduras, y cuando regresan deben ser procesados inmediatamente por el Ministerio Público, pero el problema es que el Ministerio Público no hace nada, aquí el que demuestra incapacidad es el Ministerio Público», insistió.
En declaraciones que han generado controversia, Orellana calificó como «orate» al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se le consultó sobre la posibilidad de que su gobierno libere al exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico.
«Con Trump todo es posible, recordemos que el hombre está trastornado, es un orate. Trump está loco y por lo tanto puede pasar cualquier cosa, es alguien que no tiene límites, está desbordado», refirió el primer fiscal general de Honduras sobre las especulaciones de un posible indulto presidencial para el expresidente hondureño.
Estas declaraciones surgen en un contexto donde exasesores de Trump, como Roger Stone, han sugerido públicamente conceder un indulto a Juan Orlando Hernández como forma de «contraatacar» al gobierno de Xiomara Castro. El expresidente hondureño fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en una corte de Nueva York en junio de 2024.
Orellana reflexionó sobre el fenómeno migratorio hondureño, señalando que pese al hostigamiento con las redadas migratorias en Estados Unidos, sigue habiendo muchos hondureños que quieren irse a esa nación. «La situación no está bien aquí, sabemos que hay extorsión, que hay sicariato, que hay corrupción, de manera que la cuestión es grave, si la gente está pensando eso deberíamos de preocuparnos porque quiere decir que aquí todos queremos irnos y el último que apague la luz», reforzó.
El exfiscal subrayó que la extorsión sigue siendo el principal problema que provoca que muchos decidan migrar de Honduras. «Hay voces que aseguran que algunas autoridades están metidas en esos, eso lo debería de revisar el ministro de Seguridad, debe poner orden en la Policía porque si hay uniformados involucrados debe sancionarlos severamente», manifestó.
Sobre el pacto de impunidad aprobado por el Congreso Nacional en febrero de 2022, Orellana explicó que hay casos que sí ameritan la aplicación de la amnistía porque fueron casos políticamente motivados. Sin embargo, criticó la aplicación de la ley, señalando que los jueces no han solicitado que se les pruebe la motivación política y el fiscal no ha luchado contra esas pretensiones de la defensa.
«En estos casos que se ha aprobado la amnistía, los jueces ni han solicitado que se les pruebe, ni el fiscal ha luchado en contra de esa pretensión de la defensa. Me parece que ahí hay un caso que en el futuro se va a resolver contrario al juez que resolvió y al fiscal que aceptó, eso les puede causar problemas», estimó el exfuncionario.
