Tegucigalpa – La controversia sobre el uso de recursos públicos para compensar a los afectados por Koriun Inversiones tomó un giro inesperado cuando el ministro de Finanzas, Christian Duarte, afirmó categóricamente que «no hay dinero en el presupuesto» para hacerle frente al pago prometido, contradiciendo así declaraciones previas de funcionarios gubernamentales que habían indicado una orden presidencial en ese sentido.
La declaración de Duarte expone una fractura evidente en el discurso oficial sobre uno de los casos de estafa financiera más graves de la historia reciente hondureña, que ha mantenido en vilo a más de 35,000 aportantes durante meses. «Únicamente se puede hacer por la vía de un decreto que apruebe el Congreso Nacional y que este indique de dónde saldrán los recursos para entregar dinero estatal a los estafados», precisó el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Esta posición contrasta dramáticamente con los anuncios realizados por Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), quien había señalado que por instrucción directa de la presidenta Xiomara Castro se estaba elaborando un proyecto de ley para utilizar fondos del Presupuesto Nacional en la compensación a los afectados.
La situación se torna más compleja al considerar que Koriun Inversiones, pese a haber operado durante siete años como un esquema Ponzi que prometía rendimientos del 240% anual, apenas logró su constitución legal como comerciante individual el año pasado, cuando su gerente Iván Velásquez tramitó la inscripción en el Servicio de Administración de Rentas (SAR) para obtener su Registro Tributario Nacional (RTN).
La intervención de abril pasado por parte del Ministerio Público (MP) y la CNBS desató una crisis social que se ha extendido más allá de Choloma, epicentro de las operaciones, hacia departamentos como Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Olancho y El Paraíso, donde la empresa también tenía operaciones y aportantes que ahora mantienen movilizaciones y bloqueos carreteros.
Uno de los aspectos más cuestionados de la actuación estatal ha sido lo que expertos califican como una «verdadera claudicación» cuando el Ministerio Público devolvió inicialmente más de 300 millones de lempiras en efectivo que había incautado en oficinas y casas particulares de los ejecutivos de Koriun. Posteriormente, un juzgado autorizó el descongelamiento de 69 millones adicionales encontrados en cuentas bancarias, permitiendo nuevamente que los ejecutivos de la empresa retiraran estos fondos bajo promesas de devolución a aportantes de montos menores.
«En las dos operaciones el Estado devolvió a los creadores de la estafa más de 400 millones de lempiras, pero no se sabe a dónde fueron a parar», señala el informe, ya que algunos aportantes reportaron haber recibido menos del 15% de lo que les correspondía según los registros que poseían.
La actuación de las instituciones encargadas de la supervisión y persecución penal ha generado controversias y contradicciones evidentes. Recientemente, la CNBS solicitó el cierre de actividades de Koriun Inversiones cuando la empresa ya había dejado de operar, a lo que el MP respondió que la solicitud era «extemporánea» y pidió a la CNBS entregar toda la documentación disponible para continuar el proceso penal.
La paradoja resulta particularmente llamativa considerando que el propio Ministerio Público había señalado en comunicados que «detrás de Koriun Inversiones estaba el crimen organizado», pero esa advertencia no impidió que devolviera el dinero incautado inicialmente a los mismos ejecutivos que supuestamente operaban el esquema fraudulento.
Mientras la crisis se profundiza y los bloqueos carreteros se extienden por diversas regiones del país, la posición del ministro Duarte sobre la inexistencia de recursos presupuestarios para la compensación deja en el aire las promesas gubernamentales y agrega una nueva capa de incertidumbre para miles de hondureños que confiaron sus ahorros, liquidaciones laborales y patrimonio familiar a una empresa que operaba completamente al margen del sistema financiero regulado.
La situación actual refleja no solo las profundas deficiencias en la supervisión financiera y la respuesta institucional ante esquemas fraudulentos, sino también las contradicciones internas de un gobierno que parece carecer de una posición unificada sobre cómo abordar una crisis que combina elementos financieros, sociales y políticos en un año electoral particularmente sensible.
