Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Christian Duarte, se desligó este martes del escándalo del «cheque video» al declarar que su dependencia únicamente realiza transferencias de recursos a otras secretarías sin responsabilidad sobre la liquidación o auditoría de los fondos que posteriormente fueron utilizados para financiar estructuras electorales del partido oficialista.
«La ley establece que la Secretaría de Finanzas es responsable hasta la transferencia del recurso», declaró Duarte a periodistas, limitando el alcance de su responsabilidad institucional en el esquema que involucra a la vicepresidenta alterna del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, y el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona.
El funcionario explicó que el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi) «no es una plataforma para auditar los fondos, sino que es para contar la misión de pagos», estableciendo una distinción técnica entre el procesamiento de transferencias y la supervisión del uso final de recursos públicos.
Duarte contextualizó el esquema denunciado dentro de un programa legal que permite a diputados ejecutar obras o acciones a través de múltiples instituciones estatales, incluyendo la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Sedesol, Secretaría de Gobernación, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
El ministro reconoció deficiencias en los controles institucionales durante el período inicial del esquema cuestionado. «En el caso del ministro José Carlos Cardona que se habla desde el 2023, admitió que en esa época no se había establecido con suficiente rigurosidad el mecanismo de otorgar ayudas sociales», declaró, sugiriendo que las irregularidades se originaron por falta de protocolos adecuados.
Esta admisión confirma que el sistema de fondos para diputados operó con controles deficientes desde 2023, cuando comenzó a funcionar bajo la administración actual, coincidiendo con el período en que, según el audio filtrado, se establecieron las transferencias que posteriormente financiaron las 23 coordinaciones del Partido LIBRE.
Duarte trasladó la responsabilidad de supervisión a otras instancias al sentenciar que «las liquidaciones son responsabilidades de las secretarías de Estado y la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)», estableciendo una cadena de responsabilidades que excluye a Finanzas de la supervisión del uso final de los recursos transferidos.
La estrategia de deslinde del ministro de Finanzas refleja un patrón donde funcionarios del gobierno buscan minimizar su participación en el escándalo mediante interpretaciones restrictivas de sus competencias legales, trasladando responsabilidades a otras instituciones o a deficiencias de protocolos heredados.
Las declaraciones de Duarte también evidencian las vulnerabilidades del sistema de transferencias gubernamentales, donde la responsabilidad se fragmenta entre múltiples instituciones sin un mecanismo centralizado de supervisión que garantice el uso apropiado de fondos públicos una vez ejecutadas las transferencias.
La admisión sobre la falta de rigurosidad en 2023 sugiere que el gobierno era consciente de las deficiencias en los mecanismos de control, pero permitió que el sistema operara sin las salvaguardas necesarias para prevenir el tipo de irregularidades que ahora se investigan.
Con su deslinde, Duarte se convierte en otro funcionario gubernamental que busca minimizar su participación en el escándalo que ha comprometido al ministro Cardona y la diputada Cuéllar, mientras las investigaciones continúan para determinar responsabilidades institucionales e individuales en el manejo irregular de fondos públicos.
