Tegucigalpa – El portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, informó que las autoridades han asegurado aproximadamente 233 millones de lempiras y 213 mil dólares como resultado de los allanamientos realizados el pasado miércoles en diversas sucursales de Koriun Inversiones.
Los operativos, ejecutados por la Agencia Técnica de Investigaciones (ATIC) en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), se llevaron a cabo en las oficinas ubicadas en Choloma, Juticalpa, Choluteca, Santa Bárbara y La Entrada, Copán.
«Estos fondos ya están asegurados y serán devueltos a los contribuyentes o personas que decidieron invertir en esta empresa», afirmó Mora, aclarando que el efectivo «fue contabilizado en presencia de los administradores de cada sucursal, quienes firmaron las actas respectivas dando fe del monto».
Además del efectivo incautado en las sucursales, el portavoz reveló que se han bloqueado aproximadamente 60 millones de lempiras distribuidos en tres cuentas bancarias vinculadas con la empresa. Según el MP, Koriun Inversiones operaba fuera del marco legal al no contar con los permisos requeridos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Las investigaciones han permitido confirmar que la empresa operaba bajo un esquema Ponzi, utilizando el dinero de nuevos inversionistas para pagar los intereses prometidos a los anteriores. «Lo que pasó en Choloma es un claro ejemplo. Era insostenible, pero aun así abrieron sucursales en otros departamentos. Usaban el dinero de inversionistas nuevos en Juticalpa o Santa Bárbara para cubrir los intereses de los primeros inversionistas en Choloma», explicó Mora.
El portavoz destacó las condiciones precarias en que la empresa manejaba las importantes sumas de dinero: «Esta empresa estaba lista para desaparecer sin dejar rastro, no tenía oficinas formales ni estructura contable. El dinero estaba guardado en cajas de cartón y bolsas negras para basura, una clara muestra de su informalidad y del riesgo al que fueron expuestos los ciudadanos».
Las autoridades continúan el proceso de investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes, mientras evalúan los mecanismos para la devolución de los fondos a las personas afectadas por este presunto esquema fraudulento.
