Tegucigalpa, Honduras. El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó medidas de coerción contra tres personas vinculadas a la financiera Koriun Inversiones, en una audiencia de declaración de imputado que reveló la magnitud de las acusaciones por delitos financieros.
Los principales afectados por las resoluciones judiciales son Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, y Marco Abel Villeda, empleado de la financiera, quienes recibieron la medida de detención judicial tras ser acusados de la comisión del delito de asociación para delinquir. Por su parte, Keffie Gavarrete, esposa de Velásquez, fue beneficiada con arresto domiciliario.
La audiencia inicial del proceso fue programada para el jueves 3 de julio a partir de las 9:00 de la mañana, fecha en la que se espera el desarrollo de los argumentos tanto de la defensa como del Ministerio Público en este complejo caso que involucra operaciones financieras irregulares.
Al concluir la audiencia, Velásquez hizo declaraciones públicas defendiendo a su familia y expresando su disposición a reparar cualquier daño económico. «Mi hijo no tiene nada que ver en esto… cuando sea libre les devuelvo cada lempira, la colaboración aquí no funciona», manifestó el gerente detenido.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que se juramentó un perito que presentará uno de los medios de prueba del Ministerio Público, el cual será evacuado durante la audiencia inicial. Esta evidencia técnica podría resultar crucial para el desarrollo del caso.
Los tres imputados enfrentan también acusaciones por el delito de lavado de activos, configurando un esquema delictivo que habría operado a través de la financiera durante un período prolongado. Además, el sistema de justicia mantiene órdenes de captura pendientes contra otras cuatro personas relacionadas con el caso: Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena.
La investigación reveló que Koriun Inversiones operó como una empresa financiera no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) durante seis años, funcionando ante la vista y paciencia de las autoridades supervisoras. Esta situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión del sistema financiero hondureño, especialmente en el monitoreo de entidades que ofrecen servicios financieros sin la debida autorización.
El caso expone las vulnerabilidades del sistema de supervisión financiera nacional y subraya la importancia de fortalecer los controles para prevenir que empresas no autorizadas operen en el sector financiero, potencialmente poniendo en riesgo los recursos de inversores y clientes.
