Tegucigalpa – La organización civil Defensores de Honduras elevó este lunes una denuncia formal contra el liderazgo de las Fuerzas Armadas, exigiendo la destitución inmediata del general Roosevelt Hernández por lo que considera una «peligrosa subordinación política» de la institución militar que amenaza la integridad del proceso democrático hondureño.
En un pronunciamiento público, la organización señaló que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto «ha emitido declaraciones que contradicen el artículo 272 de la Constitución, al afirmar que la institución castrense es ‘un instrumento del poder político'», estableciendo una ruptura fundamental con el principio constitucional de apoliticismo que debe regir a las Fuerzas Armadas.
Según el documento presentado por Defensores de Honduras, esta postura del general Hernández «rompe con el principio de apoliticismo que debe regir a la entidad militar», convirtiendo a las Fuerzas Armadas en un actor partidario en lugar de mantener su función constitucional como garantes neutrales de la democracia y la seguridad nacional.
La organización documentó una serie de acciones específicas que considera evidencia de la politización militar bajo el liderazgo actual. Entre las conductas más alarmantes destacan «el retraso injustificado en la entrega de maletas electorales por más de ocho horas», sugiriendo interferencia directa en procesos electorales que podrían comprometer la integridad de futuros comicios.
Defensores de Honduras también denunció «la presencia armada y sin invitación del jefe militar en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE)», caracterizando esta acción como una intimidación inapropiada hacia el órgano electoral que podría comprometer su independencia y funcionamiento normal.
Las acusaciones se extienden al ámbito de la libertad de prensa, con denuncias sobre «requerimientos a periodistas para revelar fuentes y supuestas amenazas a directores de medios de comunicación», sugiriendo que el liderazgo militar está utilizando su posición para presionar y controlar la información pública.
La organización calificó estas conductas como «delitos graves» que «representan una traición a la patria», utilizando términos legales severos que sugieren la necesidad de consecuencias penales más allá de la simple remoción administrativa del cargo.
Defensores de Honduras exigió «la destitución inmediata del jefe del Estado Mayor Conjunto y el relevo de la actual cúpula militar», sugiriendo que el problema trasciende la figura individual del general Hernández y requiere cambios estructurales en el liderazgo de la institución.
La organización vinculó estas preocupaciones directamente con las próximas elecciones generales, exhortando a «garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente el próximo 30 de noviembre de 2025», estableciendo una conexión entre el comportamiento militar actual y la integridad del proceso democrático futuro.
Defensores de Honduras advirtió que «de no tomarse medidas, las Fuerzas Armadas podrían perder toda credibilidad como garantes del proceso democrático», sugiriendo que la confianza institucional está en riesgo si continúan las prácticas denunciadas.
La organización hizo un llamado amplio a «la ciudadanía, a los partidos y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de instrumentalización partidaria de la institución militar», buscando crear una coalición de supervisión que trascienda sectores políticos y fronteras nacionales.
En una declaración particularmente contundente, Defensores de Honduras sentenció que «no podemos ir a elecciones generales con las mismas autoridades que nos fallaron en el proceso interno, carecen de la credibilidad para el traslado y resguardo de las elecciones generales del 30 de noviembre», estableciendo una conexión directa entre fallas pasadas y riesgos futuros.
La denuncia se produce en un momento de particular sensibilidad política en Honduras, con las elecciones generales aproximándose y múltiples sectores expresando preocupaciones sobre la integridad del proceso democrático. Las Fuerzas Armadas tradicionalmente han jugado un papel crucial en la logística electoral y la seguridad durante los comicios.
El pronunciamiento de Defensores de Honduras añade una dimensión militar a las preocupaciones sobre el estado de la democracia hondureña, complementando otros cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos para fines electorales y la independencia de instituciones estatales.
La exigencia de destitución del general Hernández representa un desafío directo al gobierno de Libre, que deberá decidir si mantiene su respaldo al liderazgo militar actual o atiende las demandas de sectores civiles que consideran comprometida la neutralidad institucional de las Fuerzas Armadas.
