Tegucigalpa – Las organizaciones feministas hondureñas han documentado una cifra alarmante de 101 muertes violentas de mujeres en los primeros cinco meses de 2025, evidenciando que la violencia de género mantiene niveles críticos en el país pese a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno.
Ana Cruz, titular de la Asociación Calidad de Vida, confirmó este lunes 26 de mayo el escalofriante recuento que refleja la persistencia de un flagelo que continúa cobrando vidas femeninas en Honduras, incluso bajo el régimen de estado de excepción que se mantiene vigente desde diciembre de 2022.
«Es preocupante y no nos podemos quedar callados porque aunque nos digan que estos números van en descenso en relación a 2024, siempre hablamos de vidas, luto en las familias y que no baja el índice de impunidad», señaló Cruz, subrayando que detrás de cada estadística existe una tragedia familiar y un sistema de justicia que no logra garantizar protección efectiva a las mujeres.
Un aspecto particularmente inquietante del reporte es que al menos nueve de las 101 víctimas fueron inicialmente reportadas como desaparecidas antes de ser encontradas sin vida, evidenciando un patrón que sugiere secuestros, retenciones forzadas o feminicidios precedidos por desapariciones que prolongan el sufrimiento de las familias.
En respuesta a esta problemática específica, Cruz reveló que las organizaciones trabajan en la formulación de una «Alerta Morada» para mujeres desaparecidas, iniciativa legislativa que será enviada al pleno del Congreso Nacional para su aprobación. Esta propuesta busca establecer protocolos especializados y mecanismos de respuesta rápida ante la desaparición de mujeres, reconociendo la vulnerabilidad particular que enfrentan.
La dirigente feminista enfatizó la urgencia de abordar las deficiencias estructurales en el sistema de justicia: «Para nosotros es primordial desenmarañar ese nudo que hay en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, eso significa incrementar el presupuesto para la unidad que lleva delitos contra la vida».
Esta demanda por mayor asignación presupuestaria refleja las limitaciones que enfrentan las unidades especializadas para investigar adecuadamente los feminicidios y otros delitos violentos contra mujeres, situación que contribuye a los altos índices de impunidad que caracterizan estos casos.
El reporte de las organizaciones feministas coincide con datos previos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, que había documentado 98 mujeres asesinadas hasta una fecha anterior, sugiriendo una escalada en las cifras que mantiene a Honduras entre los países con mayores tasas de violencia contra las mujeres en América Latina.
La persistencia de estos índices pese al estado de excepción plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas para proteger específicamente a las mujeres, considerando que muchos de estos crímenes ocurren en el ámbito doméstico o por parte de agresores conocidos por las víctimas.
Las organizaciones de mujeres han señalado reiteradamente que la violencia de género requiere estrategias integrales que vayan más allá de las medidas policiales tradicionales, incluyendo programas de prevención, fortalecimiento del sistema de justicia especializado, protección efectiva a víctimas de violencia doméstica y transformación de patrones culturales que perpetúan la discriminación contra las mujeres.
La cifra de 101 feminicidios en cinco meses proyecta un panorama preocupante para el resto del año, especialmente considerando que se mantienen las condiciones estructurales que facilitan la violencia contra las mujeres en un contexto de crisis económica, debilidad institucional y normalización social de la violencia de género.
