Comayagüela, Honduras – La crisis del sistema de salud pública alcanza a uno de los sectores más vulnerables de la población hondureña con decisiones administrativas que los pacientes consideran amenazas directas a su supervivencia. Quinientos enfermos renales que dependen de diálisis para mantenerse con vida protagonizaron este miércoles una protesta en la segunda avenida de Comayagüela, denunciando el cambio forzoso de su proveedor de servicios médicos y exigiendo el derecho fundamental a elegir dónde recibir atención que literalmente determina la diferencia entre la vida y la muerte.
La desesperación de los manifestantes se origina en una notificación que consideran abrupta e irresponsable sobre la interrupción de servicios en su centro de confianza. Una paciente renal confirmó que «fueron notificados que Diálisis de Honduras ya no les brindará servicio a partir del lunes 16 de junio», generando incertidumbre total sobre la continuidad de tratamientos que no pueden interrumpirse sin consecuencias fatales para quienes dependen de estas sesiones para filtrar las toxinas que sus riñones no pueden procesar.
La imposición gubernamental de un cambio de proveedor genera resistencia activa de pacientes que reclaman autonomía para decidir sobre su propia atención médica. «Queremos que se nos respeten nuestros derechos y podamos escoger nuestra clínica donde queramos ir y nos que nos obligan a un lugar», declaró un paciente renal, mientras explicó que «las autoridades los están forzando que asistan a otra clínica, pero que ellos se sienten bien con el servicio en Diálisis de Honduras».
Las exigencias de los manifestantes trascienden la simple protesta para convertirse en demandas concretas sobre garantías de calidad y continuidad del servicio. Una paciente renal cuestionó directamente a las autoridades: «qué garantía tendrá el nuevo proveedor para brindar servicio a los 500 pacientes renales», evidenciando preocupaciones legítimas sobre la capacidad técnica, logística y de recursos humanos del proveedor alternativo para atender adecuadamente a esta población especializada.
La argumentación de los pacientes se sustenta en principios fundamentales sobre el derecho a la salud y el uso de recursos públicos. «El servicio de salud debe ser gratuito a la población argumentando que pagan el tratamiento con sus impuestos», declaró una manifestante, estableciendo la conexión entre obligaciones tributarias ciudadanas y derechos a servicios de salud de calidad que no deben estar sujetos a decisiones administrativas arbitrarias.
La caracterización más dramática del conflicto provino de pacientes que consideran el cambio de proveedor como una amenaza existencial directa. «El anuncio de cambiarles el proveedor del servicio de diálisis es un anuncio de muerte para los pacientes renales», denunció una protestante, quien además advirtió sobre responsabilidades gubernamentales futuras: «Todas las compensaciones que presenten los pacientes renales es responsabilidad del gobierno». Esta advertencia refleja la gravedad de las consecuencias potenciales de interrumpir o deteriorar servicios médicos críticos para la supervivencia de quinientos hondureños que no pueden permitirse experimentación con su atención médica especializada.
