Tegucigalpa, Honduras – La participación del Partido Salvador de Honduras (PSH) en las elecciones generales del 30 de noviembre se encuentra en una carrera contra el tiempo que podría definir su futuro político inmediato. El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) estableció un plazo de apenas 24 horas para que la organización política subsane documentación crucial, creando un escenario de máxima presión que pone a prueba la capacidad operativa del instituto político dirigido por Salvador Nasralla.
La situación crítica surge después de un proceso judicial escalonado que llevó al PSH desde el rechazo inicial hasta una oportunidad de última hora. El diputado Tomás Ramírez confirmó este miércoles que «la apelación fue admitida parcialmente» por el TJE, aunque con condiciones estrictas: «nos mandaron a subsanar los medios de prueba que íbamos a interponer y nos dieron 24 horas, tenemos el día de hoy».
El calvario legal del PSH comenzó con la denegación de su recurso de reposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), obligando a la organización política a buscar una instancia superior que revisara su caso. La decisión del TJE de admitir la apelación representa un respiro temporal para las aspiraciones electorales del partido, aunque sometido a las presiones de un cronograma judicial extremadamente ajustado.
La confianza de Ramírez en superar esta prueba final se sustenta en la preparación previa de la documentación requerida. El parlamentario reveló que «ya tiene el escrito, que será presentado antes de mediodía», estableciendo un objetivo temporal específico que considera factible para cumplir con las exigencias del tribunal. Esta preparación anticipada sugiere que el PSH había previsto la posibilidad de requerimientos adicionales en su batalla legal por mantenerse en la competencia electoral.
El optimismo del diputado sobre el desenlace del proceso se basa en su evaluación de haber cumplido con los requisitos sustanciales. Ramírez «prevé que será admitida la apelación» una vez presentada la documentación subsanada, sugiriendo que las deficiencias identificadas por el TJE son de carácter formal más que sustantivo, factibles de corregir en el plazo establecido.
La resolución de este caso trasciende los intereses particulares del PSH para convertirse en precedente sobre los márgenes temporales que manejan las autoridades electorales en casos de apelación. El plazo de 24 horas establecido por el TJE ilustra la tensión entre la necesidad de garantizar el debido proceso electoral y las presiones del calendario que se acelera conforme se aproximan los comicios de noviembre, donde la participación de todos los institutos políticos legítimos resulta fundamental para la credibilidad democrática del proceso.
