Tegucigalpa – Las autoridades penitenciarias hondureñas iniciaron el traslado de mujeres privadas de libertad con vínculos a estructuras criminales hacia centros de máxima seguridad con aislamiento total, como respuesta directa a la masacre ocurrida en junio de 2023 donde 46 reclusas fueron asesinadas en el único centro penitenciario femenino del país.
El general Ramiro Fernando Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), anunció este lunes que las medidas buscan prevenir enfrentamientos violentos entre grupos rivales, implementando un sistema de separación absoluta que incluye la prohibición de cualquier tipo de contacto entre las internas trasladadas.
La estrategia contempla el uso de instalaciones como la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, donde las autoridades han habilitado módulos completamente independientes. «Contamos con dos módulos completamente independientes, que permiten un aislamiento real entre los grupos. Ninguno tiene forma de pasar de un módulo a otro ni de establecer contacto entre sí», explicó Muñoz, detallando la arquitectura del confinamiento.
La decisión de las autoridades penitenciarias se fundamenta directamente en los eventos del 30 de junio de 2023, cuando 46 mujeres fueron asesinadas en el Centro Femenino de Adaptación Social (CFAS) en un ataque atribuido a la pandilla 18. Ese episodio expuso las vulnerabilidades del sistema carcelario femenino, que cuenta únicamente con una instalación para toda la población reclusa femenina del país.
«Entonces, si ya se conocen los problemas ¿por qué no actuar?», cuestionó Muñoz, utilizando la tragedia de 2023 como justificación para las medidas preventivas que ahora se implementan bajo el estado de emergencia vigente en el sistema carcelario hondureño.
El protocolo incluye restricciones específicas diseñadas para cortar las conexiones entre grupos criminales rivales a través de relaciones personales. Cuando fue consultado sobre las relaciones sentimentales que algunas privadas de libertad mantienen con reclusos miembros de pandillas enemigas, Muñoz fue categórico: «No habrá visitas conyugales ni de ningún tipo entre ellos. Todo está bajo control y no hay ningún problema en ese sentido».
Las nuevas medidas reflejan un cambio hacia un enfoque más restrictivo en la gestión penitenciaria, especialmente tras los cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas anteriores que no lograron prevenir la masacre del año pasado. El sistema penitenciario hondureño, que alberga aproximadamente 21,000 privados de libertad en condiciones de sobrepoblación, ha enfrentado episodios recurrentes de violencia atribuidos a rivalidades entre organizaciones criminales.
La implementación de estos protocolos de aislamiento se produce en el marco del estado de emergencia decretado en el sistema carcelario, que otorga facultades extraordinarias a las autoridades penitenciarias para implementar medidas de seguridad sin los procedimientos administrativos regulares. Las autoridades aseguran que continuarán aplicando medidas estrictas para garantizar la seguridad, aunque aún no han especificado los criterios exactos para determinar qué reclusas serán trasladadas a los módulos de aislamiento.
