Tegucigalpa – La investigación del caso Koriun Inversiones, una de las mayores estafas financieras en la historia reciente de Honduras, estaría siendo obstaculizada por la influencia de personas con significativo poder político y económico, según advirtió el analista político Saúl Bueso.
«Hay familiares de personas con mucho poder en el caso Koriun Inversiones y esto está afectando el desarrollo de una investigación objetiva en este momento», denunció Bueso, insinuando que intereses de alto nivel podrían estar interfiriendo con el esclarecimiento completo de este escándalo financiero que ha afectado a más de 35 mil hondureños.
El analista cuestionó severamente la pasividad de las autoridades reguladoras frente a las evidentes irregularidades que presentaba la empresa desde sus inicios. «Desde el momento en que Koriun estaba pagando intereses que no paga ninguna empresa financiera, desde ese instante debió establecerse que ahí había algo raro, por lo tanto, se debe proceder a una investigación», señaló con contundencia.
Bueso enfatizó que las indagaciones deben centrarse en los ejecutores directos del esquema Ponzi y criticó las notorias anomalías en el manejo de los fondos captados, que evidencian posibles operaciones de lavado de dinero. «Cuando el dinero no estaba depositado en bancos, sino en cajas, entonces eso demuestra que hay otras cosas detrás, por lo que debe haber una investigación seria que demuestre quiénes son los que están metidos en Koriun, y, si por ahí no hay lavado de activos», expresó.
En un señalamiento que pone en duda la transparencia del proceso judicial en curso, el analista advirtió contra la precipitación en la presentación de requerimientos fiscales sin antes realizar una investigación exhaustiva. «No se debe correr a presentación de requerimientos, sino en realizar una investigación profunda y científica para detectar de dónde proviene el ilícito en esa institución financiera», manifestó.
Las declaraciones de Bueso adquieren particular relevancia en un momento en que el gobierno ha propuesto utilizar fondos públicos para compensar a las víctimas de la estafa, una iniciativa que ha sido duramente criticada por diversos sectores, incluyendo diputados de oposición y expertos constitucionalistas que cuestionan la legalidad de destinar recursos estatales para cubrir pérdidas generadas por una empresa privada que operaba al margen de la ley.
El escándalo de Koriun ha sacudido la estabilidad económica y política del país, poniendo en evidencia las debilidades del sistema de supervisión financiera y generando interrogantes sobre posibles nexos entre los operadores del esquema fraudulento y figuras de poder en Honduras.
Mientras tanto, miles de afectados esperan respuestas claras y soluciones concretas, en medio de un proceso investigativo que, según los señalamientos del analista, podría estar siendo manipulado para proteger a personas con influencia cuyas conexiones con Koriun Inversiones aún no han sido plenamente esclarecidas.
La advertencia de Bueso plantea serias dudas sobre la independencia y efectividad de los entes investigadores en un caso que ha evidenciado, una vez más, los desafíos que enfrenta Honduras en su lucha contra la corrupción y la impunidad.
