Tegucigalpa – El diputado Marlon Lara ha expresado abiertamente su escepticismo frente a las informaciones sobre una posible acusación que estaría preparando el Ministerio Público contra el expresidente interino Roberto Micheletti, relacionada con los acontecimientos de 2009 que culminaron con el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya.
En declaraciones que reflejan la tensión política actual, el legislador del Partido Liberal manifestó que estas acciones forman parte de lo que considera una estrategia deliberada del gobierno para mantener a la población distraída con controversias políticas, mientras se desatienden los problemas fundamentales que afectan a los hondureños.
«Quieren en estos últimos días tener show mediáticos para ir en contra de lo que todos quieren que es la paz, y que la justicia no se parcialice con un sector y vaya en contra de los opositores», afirmó Lara, quien además reveló que se enteró de la supuesta salida del país de Micheletti a través de reportes mediáticos.
Cuestionamiento a la imparcialidad judicial
El diputado por el departamento de Cortés insistió en que desde el actual gobierno se intenta utilizar el sistema judicial de manera selectiva para perseguir a figuras de la oposición política. Esta declaración se suma a críticas similares expresadas por otros sectores que han cuestionado la independencia del poder judicial en Honduras.
Para Lara, estas acciones legales responden a una supuesta desesperación gubernamental ante el incumplimiento de promesas electorales, situación que según él quedó evidenciada en la baja participación de militantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) durante las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo.
El legislador liberal concluyó sus declaraciones con una advertencia directa al gobierno: «Van a seguir con sus medidas desesperadas y al final lo que pasará es que se les pasará factura porque tienen el rechazo del pueblo hondureño».
Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente polarización política en Honduras, donde las tensiones entre el gobierno y la oposición continúan incrementándose, mientras diversos sectores sociales reclaman soluciones a problemas como la inseguridad, el desempleo y el alto costo de la vida.
La posible acusación contra Micheletti, quien asumió la presidencia interina tras la destitución de Zelaya en 2009, podría reavivar debates sobre uno de los episodios más controversiales de la historia política reciente de Honduras, cuyos efectos continúan resonando en la actualidad.
