Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, se manifestó categóricamente en contra de la posibilidad de que el gobierno asuma con recursos del erario público la deuda contraída por Koriun Inversiones con miles de inversionistas afectados por el colapso de este esquema financiero no regulado.
«Nosotros y la población en general, pagan sus impuestos para poder desarrollar proyectos sociales, de seguridad nacional, salud, educación, no para pagar errores que cometen personas al invertir en proyectos que no tienen ninguna realidad», declaró Qubain, estableciendo una clara posición desde el sector empresarial organizado del norte del país.
El dirigente empresarial subrayó la irregular naturaleza de la operación financiera en cuestión, destacando que «Koriun es una empresa que no está registrada de manera formal como empresa financiera, no son vigilados» por los organismos correspondientes. Qubain enfatizó que los inversionistas que confiaron sus recursos a esta entidad «saben que toman un riesgo grave» al depositar su dinero en una empresa que «no tiene ninguna certificación del Gobierno y de la Comisión Nacional de Bancas de Seguros (CNBS)».
En su análisis, el presidente de la CCIC contrastó la situación de Koriun con el sistema financiero formal hondureño, al que calificó como «muy rígido y seguro», sugiriendo que precisamente estas regulaciones estrictas son las que han permitido que el país no haya experimentado crisis financieras de gran escala como las ocurridas en otras naciones.
«Honduras es un país que no ha sido afectado por los problemas financieros que afectaron a países como Estados Unidos», señaló Qubain, atribuyendo esta estabilidad a la solidez del marco regulatorio que rige a las instituciones financieras formales, marco del cual Koriun operaba completamente al margen.
El líder empresarial fue enfático al señalar que quienes decidieron invertir en Koriun «prácticamente saben el riesgo que asumen» al depositar su confianza y recursos en una entidad que ofrecía rendimientos extraordinariamente altos (5% semanal) sin contar con la supervisión de los organismos reguladores correspondientes.
Su conclusión resume una postura fundamentada en la responsabilidad individual: «Son temas, errores que comete la persona y de ese error tenemos que aprender», manifestó, sugiriendo que el caso debe servir como una lección sobre los riesgos de invertir en esquemas financieros no regulados, independientemente de los atractivos rendimientos prometidos.
Las declaraciones de Qubain se producen en un contexto de creciente presión social, con miles de afectados que han protagonizado protestas y bloqueos de carreteras exigiendo la devolución de sus inversiones, y tras sugerencias de diversos sectores sobre la posibilidad de que el Estado intervenga para compensar a las víctimas utilizando recursos públicos.
El rechazo del presidente de la CCIC a esta alternativa refleja la posición del sector empresarial formal, que considera que tal precedente podría fomentar comportamientos financieros irresponsables en el futuro, además de desviar recursos fiscales de su propósito fundamental: el desarrollo de proyectos de beneficio colectivo en áreas prioritarias como educación, salud y seguridad.
