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Tegucigalpa

Prisión preventiva para exfuncionario del CNE por irregularidades en transporte de maletas electorales

El tribunal especializado dictó formal procesamiento contra Juan Carlos Canales Lobo por los delitos de violación a deberes de funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude relacionados con la contratación irregular de autobuses durante las elecciones internas de marzo.

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Tegucigalpa – Un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ha ordenado prisión preventiva para Juan Carlos Canales Lobo, exfuncionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras celebrarse la audiencia inicial relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de transporte para maletas electorales durante los comicios internos del pasado marzo.

La investigación revela que se contrataron 94 autobuses de rutas urbanas que no estaban contemplados en el acuerdo original firmado por el CNE para la distribución de maletas electorales a nivel nacional. Según las autoridades, esta contratación se realizó al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado.

El expediente acusatorio señala múltiples irregularidades en el proceso de contratación. Entre las anomalías detectadas destacan que la empresa adjudicataria carecía de flota vehicular registrada, no se realizaron las debidas inscripciones administrativas, y se violó expresamente la prohibición de subcontratación estipulada en las bases de licitación.

Además, los investigadores confirmaron que no se llevaron a cabo las inspecciones requeridas a la totalidad de los vehículos utilizados.

Las investigaciones apuntan a que Canales Lobo, junto con otros implicados que también formaban parte de la comisión evaluadora del CNE, habrían dado su aprobación a estas contrataciones irregulares con pleno conocimiento de estar violando la normativa, presuntamente para beneficiar a terceros.

El tribunal ha programado la audiencia preliminar para el próximo martes 6 de mayo a las 10:00 de la mañana. No obstante, esta fecha podría modificarse en caso de que alguna de las partes procesales interponga un recurso de apelación contra la decisión actual.

Este caso ha generado preocupación sobre la integridad de los procesos electorales y la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a garantizar el correcto desarrollo de las elecciones en el país.

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