Tegucigalpa – El anuncio gubernamental de utilizar recursos del Presupuesto Nacional para indemnizar a los afectados por Koriun Inversiones ha desatado una tormenta de críticas que trasciende las habituales líneas políticas, uniendo voces del sector privado, juristas, economistas y sociedad civil en un inusual consenso: la medida no solo sería jurídicamente improcedente, sino que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.
«Estamos ante una propuesta que no solo carece de sustento legal, sino que de concretarse constituiría un delito flagrante de malversación de caudales públicos«, sentencia Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien advierte a los diputados que aprobar tal iniciativa «les va a estallar en la frente», señalando las posibles consecuencias penales para quienes voten a favor.
Para el exfiscal general Edmundo Orellana, reconocido jurista y exministro de Defensa, la raíz del problema no está en cómo compensar a los afectados, sino en la prolongada inacción del Ministerio Público ante una operación financiera irregular que funcionó durante años a plena vista.
«La responsabilidad principal recae sobre el ente acusador, que tenía la obligación legal de actuar apenas detectó captación ilegal de recursos. Que ahora se pretenda usar fondos públicos para resolver una crisis que las propias instituciones permitieron que se gestara es una perversión del sistema legal», expresó Orellana.
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, ha sido contundente al exigir la renuncia inmediata de Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por su responsabilidad institucional en la supervisión financiera.
«Muy respetuosamente solicitamos su renuncia ante la incapacidad del Estado, demostrada a través de la CNBS, de no haber frenado esta situación en el tiempo correspondiente», manifestó el empresario, sintetizando un sentimiento extendido de que ahora se pretende resolver con dinero de los contribuyentes lo que la negligencia regulatoria permitió crecer.
La polémica propuesta fue anunciada por Sierra, quien declaró: «Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun usando fondos del Presupuesto Nacional». Esta formulación, que vincula directamente la iniciativa con instrucciones presidenciales, ha elevado el debate al más alto nivel político.
«Es un intento transparente de capitalizar electoralmente el descontento de miles de afectados, precisamente en un año electoral», señala Roberto Sosa, analista político independiente. «Pero lo que resulta más preocupante es que se estaría normalizando la idea de que el Estado puede y debe rescatar inversiones privadas fallidas, abriendo una caja de Pandora de implicaciones fiscales y morales incalculables».
La pregunta central que recorre análisis académicos, tertulias radiales y conversaciones en redes sociales es simple pero inquietante: si el Estado asume las pérdidas de quienes invirtieron voluntariamente en un esquema que prometía rendimientos astronómicos del 20% mensual, ¿qué impedirá que surjan nuevos «Koriun» en el futuro, bajo la expectativa de que eventualmente el erario público cubrirá las pérdidas?
«No se pueden socializar las pérdidas mientras se privatizan las ganancias», sentencia Claudio Salgado, economista y docente universitario, quien ha insistido en que los afectados no eran simples ahorristas, sino socios de una operación financiera que prometía rendimientos imposibles en una economía formal. «Algún sentido común básico debía alertar que un retorno del 240% anual es insostenible en cualquier mercado legal».
El Colegio Hondureño de Economistas (CHE) ha emitido un comunicado técnico donde calcula que los recursos que el gobierno pretendería destinar a esta compensación —estimados preliminarmente en al menos 800 millones de lempiras— equivaldrían al presupuesto anual de proyectos críticos en infraestructura rural o programas de salud preventiva. «Es una cuestión de prioridades nacionales y del uso racional de recursos escasos», apunta el documento.
Para Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), el caso refleja un problema más profundo: la impunidad de los verdaderos arquitectos del esquema. «Los nombres detrás de Koriun Inversiones nunca los vamos a saber», ha declarado categóricamente, sugiriendo que mientras caen testaferros como Iván Velásquez —actualmente recluido en Támara junto con su pareja Kefi Gavarrete—, los poderosos que diseñaron y se beneficiaron del esquema permanecerán intocados.
La Cámara de Comercio e Industria de Cortés ha sido particularmente enfática en su rechazo, calificando la iniciativa como «jurídicamente improcedente» y advirtiendo que sentaría «un precedente nocivo» que abriría las puertas a futuros fraudes que podrían generar reclamos similares, afectando críticamente las finanzas públicas del país.
Mientras tanto, la presión social sigue creciendo en las calles. Miles de afectados mantienen bloqueos carreteros, generando lo que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha calificado como «pérdidas millonarias» para la economía nacional. En este tenso escenario, la propuesta gubernamental parece atrapada entre dos fuegos: por un lado, la pragmática necesidad de desactivar un conflicto social en escalada, y por otro, el rechazo casi unánime de sectores especializados que advierten sobre las graves implicaciones de un precedente con esta naturaleza.
El caso Koriun, que comenzó como un escándalo financiero local, ha evolucionado hasta convertirse en un espejo que refleja las fracturas institucionales, las debilidades regulatorias y los dilemas éticos de una sociedad donde la promesa de enriquecimiento rápido sigue seduciendo a miles, mientras las instituciones llamadas a protegerles parecen actuar siempre un paso atrás, y ahora consideran usar recursos de todos para resolver lo que la negligencia de pocos permitió florecer.
