Tegucigalpa – La controversia sobre el respeto al debido proceso parlamentario escaló cuando el Poder Ejecutivo publicó oficialmente en el diario La Gaceta los decretos de tres contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto total de 190 millones de dólares, ignorando las protestas de la oposición legislativa sobre irregularidades procedimentales que han marcado este proceso desde su inicio.
Los contratos, suscritos por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, fueron aprobados con menos de 60 votos a inicios del mes pasado, pero el acta correspondiente nunca fue ratificada en el pleno del Congreso Nacional, procedimiento que la Ley establece como requisito indispensable para otorgar validez legal a cualquier decisión legislativa.
La falta de aprobación del acta había provocado intensas protestas de diputados opositores durante la sesión del martes anterior, confrontación que llevó a la suspensión de la misma sesión donde se pretendía presentar el presupuesto para las elecciones generales, evidenciando cómo las disputas procedimentales han paralizado la agenda legislativa prioritaria del país.
Según el texto oficial publicado en La Gaceta, la Secretaría de Finanzas formalizó el acuerdo con la CAF en representación del Estado hondureño, documento que fue suscrito por Maximiliano Ricardo Alonso, ciudadano belga con plenas facultades para actuar como representante de la institución prestamista internacional, completando así la formalización del compromiso financiero pese a las objeciones parlamentarias.
Sin embargo, legisladores de oposición y expertos en derecho constitucional han denunciado categóricamente que el proceso carece de legalidad fundamental, argumentando que los préstamos fueron publicados oficialmente sin que el Congreso Nacional haya completado el procedimiento de ratificación del acta correspondiente, requisito que consideran indispensable para otorgar validez constitucional a cualquier votación o decisión del Poder Legislativo.
«Esto constituye una clara violación al principio de legalidad y al debido proceso parlamentario. No se puede publicar un decreto si no ha sido debidamente ratificado por el pleno», advierten diversos diputados de oposición, quienes han anunciado que evaluarán acciones legales para impugnar la validez de estos contratos financieros.
La decisión ejecutiva de proceder con la publicación oficial ha generado preocupación significativa entre diversos sectores políticos y jurídicos del país, que consideran que este tipo de procedimientos arbitrarios podrían establecer un precedente peligroso para el funcionamiento institucional y potencialmente abrir la puerta a la anulación de los contratos por parte de instancias judiciales nacionales o futuras sanciones por parte de organismos multilaterales que supervisan el cumplimiento de procedimientos democráticos en el manejo de recursos públicos.
Esta controversia se inscribe en un patrón más amplio de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha caracterizado el actual período gubernamental, donde las disputas sobre procedimientos parlamentarios se han convertido en una herramienta de confrontación política que afecta la aprobación de asuntos de interés nacional.
El caso de los préstamos CAF evidencia las fragilidades del sistema institucional hondureño, donde la interpretación de procedimientos parlamentarios se ha politizado hasta el punto de generar crisis de legalidad que podrían comprometer la validez de compromisos financieros internacionales.
La decisión del Ejecutivo de proceder unilateralmente con la formalización de los contratos, pese a las objeciones procedimentales de la oposición, refleja una escalada en las tensiones institucionales que trasciende los aspectos meramente técnicos para convertirse en una disputa sobre los límites del poder y el respeto a los procedimientos democráticos establecidos en el marco legal nacional, mientras el país enfrenta la necesidad urgente de recursos para financiar proyectos de desarrollo social y económico que requieren certeza jurídica para su implementación efectiva.
