Tegucigalpa – La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) formalizó una denuncia ciudadana ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) por irregularidades en el manejo de subvenciones otorgadas a diputados, revelando que casi 400 millones de lempiras carecen de seguimiento adecuado en medio del escándalo que involucra a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). La organización exige rendición de cuentas integral por el manejo de fondos públicos que han perdido trazabilidad en el sistema de subvenciones legislativas.
Melissa Elvir, representante de la RDD, confirmó la presentación de la denuncia ciudadana explicando que en un conteo rápido identificaron casi 400 millones de lempiras en los que no se puede dar seguimiento precisamente a esos fondos o determinar hacia dónde han ido a parar en las denominadas subvenciones legislativas. Esta cifra millonaria evidencia la magnitud del problema de transparencia que afecta el manejo de recursos públicos destinados supuestamente para beneficiar a la ciudadanía hondureña.
La denuncia expone una anomalía institucional donde una secretaría del Poder Ejecutivo administra fondos que, en teoría, debería gestionar el Poder Legislativo para beneficiar a la ciudadanía hondureña. Sin embargo, la organización civil subraya que no se tiene constancia de esos procesos ni de una adecuada rendición de cuentas, configurando una situación irregular que violenta la separación de poderes y los mecanismos de control democrático establecidos en la legislación nacional.
Elvir enfatizó que la investigación debe señalar no solamente a Sedesol sino también a los diputados que han interferido en el proceso y han solicitado fondos para trabajar con la ciudadanía, exigiendo rendición de cuentas sobre el destino final de ese dinero. Esta declaración implica que múltiples legisladores podrían estar involucrados en el manejo irregular de recursos públicos a través del sistema de subvenciones que carece de supervisión efectiva.
La denuncia de la RDD surge directamente del escándalo generado por el video donde la diputada del partido Libre, Isis Cuellar, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, discuten sobre la entrega de kits valorados en más de 125 mil lempiras cada uno. Según la organización, esta práctica podría constituir una ventaja indebida que viola los principios de equidad electoral y transparencia en el uso de fondos públicos destinados a actividades sociales.
La RDD identificó además otra irregularidad significativa en el sistema de transparencia electoral: 85 de los 1,283 candidatos electos en las elecciones primarias no presentaron informes financieros, incumpliendo gravemente con las obligaciones de rendición de cuentas establecidas en la legislación electoral. Para la organización, esta omisión masiva pone en riesgo la transparencia del sistema de financiamiento político y evidencia debilidades estructurales en los mecanismos de control.
El incumplimiento de 85 candidatos electos en la presentación de informes financieros representa aproximadamente el 6.6% del total de candidatos que resultaron victoriosos en las elecciones primarias, una cifra que la RDD considera alarmante por sus implicaciones para la transparencia del proceso electoral. Esta situación sugiere que una proporción significativa de políticos electos operó al margen de los controles financieros establecidos para garantizar elecciones limpias.
La denuncia ante la UFTF busca activar los mecanismos institucionales de investigación y sanción por el manejo irregular de fondos públicos, tanto en el caso específico de Sedesol como en el sistema más amplio de subvenciones legislativas. La organización civil espera que las autoridades de transparencia inicien investigaciones exhaustivas que permitan rastrear el destino de los 400 millones de lempiras sin seguimiento adecuado.
El escándalo de los kits valorados en más de 125 mil lempiras cada uno expone un patrón de uso electoral de recursos sociales que, según la RDD, configura ventajas indebidas en el proceso democrático. La práctica documentada en el video entre la diputada Cuellar y el ministro Cardona evidencia cómo fondos destinados a programas sociales pueden ser desviados hacia actividades de proselitismo político, violentando principios fundamentales de equidad electoral.
La situación revelada por la RDD configura un panorama complejo donde convergen irregularidades en múltiples niveles: manejo irregular de subvenciones legislativas, administración cruzada de fondos entre poderes del Estado, incumplimiento masivo de obligaciones de transparencia por parte de candidatos electos y uso electoral de programas sociales. Esta convergencia de irregularidades evidencia debilidades sistémicas en los mecanismos de control democrático y transparencia del sistema político hondureño.
La denuncia formal ante la UFTF representa un test crucial para la efectividad de las instituciones de transparencia en Honduras, especialmente considerando la magnitud de los recursos involucrados y la cantidad de actores políticos implicados en las irregularidades denunciadas. La respuesta de las autoridades de transparencia determinará si existen mecanismos efectivos para investigar y sancionar el manejo irregular de fondos públicos en el sistema político nacional.
