Tegucigalpa – En una sorprendente declaración que ha generado debate sobre el uso de recursos estatales, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó abiertamente su respaldo a la decisión de utilizar fondos públicos para compensar a las personas afectadas por el colapso de Koriun Inversiones, empresa señalada por operar un esquema Ponzi que captó ahorros de miles de hondureños.
Durante la sesión legislativa de este miércoles, Redondo anunció que la presidenta Xiomara Castro ha girado instrucciones para que se utilicen recursos del Estado con el fin de pagar a los perjudicados que no han logrado recuperar su dinero de la empresa, una medida sin precedentes que implica el uso de fondos de todos los contribuyentes para resolver un problema generado por una entidad privada no regulada.
A pesar de su apoyo a esta decisión, el titular del Legislativo señaló la necesidad de implementar cambios normativos para prevenir situaciones similares en el futuro.
«Se debe hacer una ley que prevenga, evite, controle y devuelve la normativa al Código Penal para que las normativas realicen trámites para que se legalicen», expresó Redondo, en una declaración que parece reconocer vacíos en el marco legal vigente.
En un revelador comentario sobre las posibles causas que facilitaron la operación de Koriun, Redondo estableció una conexión directa entre la aprobación del nuevo Código Penal y la proliferación de este tipo de empresas en el país.
«Cuando se aprobó el nuevo Código Penal, este tipo de empresas como Koriun Inversiones empezaron a operar en el país», afirmó, sugiriendo que modificaciones legales anteriores podrían haber eliminado salvaguardas cruciales contra esquemas financieros fraudulentos.
Esta observación coincide con señalamientos previos del presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, quien había mencionado que «en 2021 cuando se aprobó el Código Penal se eliminaron delitos financieros», creando un entorno más permisivo para operaciones como la de Koriun.
Redondo intentó también tranquilizar a la ciudadanía sobre el rol del Congreso frente a esta crisis: «Hay que estar atentos, tenemos en nuestro radar esta situación, no estamos siendo indiferentes por lo que está ocurriendo, pero sí estamos respetando las acciones de las autoridades», declaró, sugiriendo un enfoque de supervisión pero sin intervención directa en las investigaciones en curso.
El anuncio del uso de fondos públicos para compensar a los afectados de Koriun plantea serias interrogantes sobre el precedente que se establece y los criterios que determinarán quiénes recibirán compensación y en qué montos. También surge la pregunta sobre si esta decisión constituye un reconocimiento implícito de la responsabilidad estatal por no haber actuado oportunamente para prevenir la operación prolongada de un esquema financiero irregular.
El caso continúa desarrollándose mientras los afectados mantienen protestas en varias ciudades del país, exigiendo la devolución completa de sus inversiones, y las autoridades intentan determinar el paradero de los fondos captados por una empresa que operó durante seis años sin regulación efectiva, acumulando un monto de recursos cuyo total exacto sigue siendo objeto de controversia.
