Tegucigalpa – La controversia electoral que rodea la candidatura de Salvador Nasralla adquirió nuevas dimensiones cuando el abogado René Adán Tomé decidió romper el silencio y revelar públicamente los detalles de la denuncia que ha generado tensiones políticas en el país. Su testimonio confirma las acusaciones que habían circulado sobre intentos de inhabilitación del candidato liberal, pero amplía significativamente el alcance de las imputaciones a otros actores políticos relevantes.
Tomé confirmó este jueves que fue efectivamente él quien interpuso el escrito formal en el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando la inhabilitación de varios políticos prominentes. Además de Nasralla, la lista incluye a los diputados Iroshka Elvir y Jhosy Toscano, la consejera del CNE Ana Paola Hall y Josué Colindres, evidenciando que se trata de una denuncia de alcance considerablemente mayor al que se había conocido inicialmente.
«El propósito de este escrito es que estas personas no se inscribieran como candidatos para las elecciones generales porque han cometido una serie de delitos», explicó el profesional del derecho, estableciendo que sus acciones no se limitan únicamente a Nasralla sino que involucran a una red más amplia de actores políticos que considera han incurrido en irregularidades legales.
El origen de las acusaciones se remonta al período en que Nasralla presidió el Partido Salvador de Honduras (PSH), cuando según Tomé se cometió «una ilegalidad» al modificar los estatutos partidarios en asamblea e imponer a Iroshka Elvir como vicepresidenta de la institución política. Esta acción habría contado con el respaldo de Ana Paola Hall durante su gestión al frente del CNE.
Según la versión de Tomé, Hall habría facilitado las irregularidades al aceptar «un listado de delegados presentados por Nasralla para que realizara la asamblea y escogiera a las autoridades internas del PSH», configurando así una presunta colusión entre diferentes niveles del sistema político y electoral para legitimar procedimientos que el denunciante considera ilegales.
El abogado reveló que estas denuncias no constituyen una acción reciente, sino que forman parte de un proceso legal más extenso. Según su testimonio, ya había interpuesto «una denuncia contra Nasralla por estos hechos ante el Ministerio Público el 31 de octubre del 2024», evidenciando que sus preocupaciones legales datan de varios meses atrás.
La decisión de presentar el escrito ante el CNE surgió, según Tomé, por la aparente inacción del sistema de justicia penal. «Debido a que el ente acusador no ha interpuesto requerimiento fiscal, se vio en la necesidad de presentar este escrito formal de oposición en el CNE», explicó, sugiriendo que utiliza la vía electoral como alternativa ante la falta de respuesta del Ministerio Público.
Tomé también se pronunció sobre las especulaciones que habían surgido respecto a posibles vínculos con el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, desmintiendo categóricamente estas conexiones. Esta aclaración resulta relevante considerando que previamente se había revelado que Tomé se desempeña como asesor de Redondo, lo que había generado suspicacias sobre las motivaciones políticas detrás de la denuncia.
Las acusaciones específicas formuladas por el abogado son particularmente graves, incluyendo alegaciones de falsificación de documentos públicos electorales y malversación de fondos partidarios. «Nasralla y su esposa tienen que ir presos porque falsificaron documentos públicos electorales, malversaron dinero del PSH porque solo podían realizar el proceso electoral interno, pero ellos hicieron más con estos fondos», aseveró Tomé.
Una dimensión adicional de la controversia se relaciona con el estatus actual de Nasralla respecto al PSH. Según Tomé, el candidato liberal «no ha presentado una renuncia formal como miembro del PSH argumentando que no hay autoridades en este partido político», lo que añade complejidad legal a su situación electoral actual.
Las revelaciones de Tomé configuran un panorama donde las tensiones electorales trascienden la simple competencia política para involucrar alegaciones serias de irregularidades legales que podrían tener implicaciones tanto penales como electorales para varios actores políticos prominentes en el escenario hondureño.
