Tegucigalpa – Con tono contundente y sin rodeos, el General de Brigada Ramiro Fernando Muñoz declaró el fin de la era de privilegios en las cárceles hondureñas, apenas un día después del escandaloso descubrimiento de celdas VIP con aire acondicionado en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
«Aquí no hay tiempo para seguir dando chances a quienes creen que el sistema va a seguir igual. El cambio es inmediato y obligatorio», sentenció el presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien parece decidido a ejecutar una limpieza profunda del sistema.
El escándalo que detonó la furia
Durante una inspección rutinaria en Támara, Muñoz descubrió que habitaciones diseñadas para albergar a 40 reclusos estaban ocupadas por apenas seis internos privilegiados, quienes disfrutaban de aire acondicionado mientras el resto de la población penal sufre hacinamiento.
«No vamos a permitir más privilegios ni desigualdades dentro de los recintos penitenciarios. No dejaremos ni una tabla ni un bloque que signifique privilegio mal gestionado», advirtió el militar.
Ultimátum a funcionarios
El General dirigió sus advertencias específicamente hacia los Comités Técnicos Interdisciplinarios (CTI) —conformados por abogados, médicos, psicólogos y otros profesionales— exigiendo trabajo eficiente y comprometido. El mensaje fue claro: quien no cumpla, está fuera.
La intervención militar del sistema penitenciario, que comenzó como una medida de emergencia, parece estar entrando en una fase más agresiva de reformas, con Muñoz posicionándose como un reformador inflexible dispuesto a erradicar décadas de corrupción y privilegios indebidos en las cárceles hondureñas.
