Tegucigalpa – La aprobación de los pliegos de bases y condiciones para la licitación de 1,500 megavatios por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) ha encendido las alarmas entre sectores de oposición y especialistas en energía, quienes advierten sobre un posible endeudamiento que heredarán los próximos gobiernos.
La licitación, propuesta por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se perfila como la más grande en la historia del país y priorizará fuentes renovables, con un componente del 65% de energía limpia y sistemas de almacenamiento, aunque críticos señalan que esta acción llega con sospechosa prisa, a pocos meses de las elecciones generales de 2025.
«En años anteriores se anularon procesos similares y se dilataron decisiones. Revivieron contratos viejos y ahora quieren hacer la licitación más grande del país en tiempo récord. ¿Por qué ahora?», cuestionó el especialista Kevin Rodríguez, quien atribuye la prisa a negociaciones con China.
Desde la oposición también se levantaron voces críticas señalando que la falta de transparencia y la celeridad en el proceso podrían comprometer las finanzas del Estado. «Se están comprometiendo recursos futuros sin una discusión amplia ni análisis técnico suficiente», apuntó un diputado opositor, reflejando las preocupaciones sobre las implicaciones fiscales de largo plazo que podría generar este compromiso energético.
Por su parte, el secretario de Energía y gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, defendió el proceso al señalar que la licitación es necesaria para cubrir la demanda creciente de energía, que según él ha sido desatendida por más de 15 años.
«En Honduras tenemos lo que se llama demanda oculta, que crece al 12% anual. Por eso, esta licitación no es para hoy, sino para cubrir el periodo 2027-2035», explicó el funcionario, justificando la urgencia del proceso como una respuesta a necesidades estructurales del sector energético nacional que han sido postergadas por administraciones anteriores.
Tejada también afirmó que se utilizará un modelo internacional de «rondas sucesivas» para reducir el precio del kilovatio hora y atraer inversión de diversos países, buscando disipar las suspicacias sobre favoritismo hacia determinadas naciones.
«No estamos casados con ninguna nación. Esta licitación se socializó en China, pero también lo haremos en EEUU, Centroamérica y Sudamérica. Lo que buscamos son inversionistas serios», aseguró el funcionario, enfatizando la apertura internacional del proceso y la búsqueda de las mejores condiciones técnicas y financieras para el país.
No obstante, los cuestionamientos persisten entre analistas y sectores políticos que consideran que el problema no radica únicamente en la procedencia de los inversionistas, sino en el costo final que terminará asumiendo el país por este compromiso energético de largo plazo.
La licitación permanecerá abierta durante seis meses, con adjudicaciones previstas antes de finalizar el presente año, mientras que las primeras plantas entrarían en operación a partir de 2027. Se trata de la LPI 1000-010-2021, identificada como la primera convocatoria
