Tegucigalpa – El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) enfrenta su peor crisis de credibilidad desde que asumió el poder con promesas de transparencia radical y combate implacable contra la corrupción. El escándalo desatado por el «cheque video» de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no es simplemente otro caso de mal manejo de fondos públicos: representa la fractura definitiva entre el discurso fundacional del partido y su práctica gubernamental.
La filtración del audio donde la diputada Isis Cuéllar explica detalladamente cómo destinó fondos gestionados con Sedesol, preguntando «¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques?» y la respuesta cómplice del entonces ministro José Carlos Cardona, ha puesto al descubierto una red de complicidades que trasciende la simple irregularidad administrativa para adentrarse en el territorio de la corrupción sistémica.
En la grabación, Cuéllar admite haber distribuido bienes valorados en unos 125 mil lempiras por kit a 15 coordinaciones del partido, incluyendo sonido, mobiliario y equipos de sublimado, evidenciando el uso directo de recursos estatales para fortalecer la infraestructura electoral del oficialismo.
Anatomía de un escándalo con proyección electoral
El momento del escándalo no podría ser más devastador para las aspiraciones electorales de Libre. A cinco meses de las elecciones generales de noviembre, donde se jugará la continuidad del proyecto político iniciado en 2021, el partido gubernamental enfrenta el desafío de explicar cómo conciliar su narrativa de transformación ética con evidencias concretas de prácticas que replican los vicios que denunciaron en sus predecesores.
El caso «toca una fibra sensible: la posibilidad de que fondos destinados a las poblaciones más vulnerables hayan sido desviados para fines electorales o de servilismo político», según análisis de expertos. Esta dimensión ética del escándalo amplifica su impacto político, ya que involucra recursos destinados a los sectores más necesitados, precisamente la base social que Libre reivindica representar.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, ofreció una interpretación particularmente crítica del manejo gubernamental, calificando la renuncia de Cardona como «una reacción supuestamente indignada, pero claramente calculada«.
Su análisis revela un patrón preocupante: la académica señaló que casos similares como el «planillazo» en el IHSS, las denuncias del exministro Edmundo Orellana, y las múltiples compras directas gubernamentales no han recibido la misma atención.
El doble estándar como vulnerabilidad electoral
La respuesta diferenciada del gobierno ante el escándalo ha expuesto lo que los críticos denominan un «doble estándar» que podría resultar electoralmente costoso. Mientras Cardona fue forzado a renunciar bajo presión ciudadana, la diputada Isis Cuéllar permanece en funciones, mantiene «un silencio total sobre el tema» y ha sido vista «en obras de campañas políticas», sugiriendo diferentes niveles de protección dentro de la estructura oficialista.
Esta disparidad en el tratamiento no ha pasado desapercibida para los propios militantes de Libre. El dirigente Rasel Tomé, excandidato presidencial del partido, pidió públicamente la renuncia de ambos funcionarios, declarando que «nosotros, la gente de izquierda, no podemos ver el gobierno como un botín para enriquecerse ilícitamente, como lo han hecho los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Liberal».
La crítica interna de Tomé resulta especialmente dañina desde la perspectiva electoral, ya que articula la preocupación de sectores progresistas sobre la traición de los principios fundacionales.
«El comportamiento bochornoso de estas dos personas no puede manchar nuestro proyecto político, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas», declaró, evidenciando el temor interno sobre el impacto electoral del escándalo.
Dimensiones sistémicas del problema
Lo que inicialmente parecía un caso aislado ha revelado problemas estructurales más profundos. Las declaraciones del diputado oficialista Ramón Barrios sobre la distribución desigual de fondos sociales entre congresistas han ampliado las dimensiones del escándalo, sugiriendo que las irregularidades trascienden el caso específico de Cuéllar y Cardona.
Documentos presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revelaron «cheques sin firmas, documentos falsificables, beneficiarios inexistentes y el uso indebido de fondos públicos entregados a estructuras políticas de Libre», evidenciando un patrón de irregularidades que cuestiona la integridad del sistema de ayudas sociales.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos planteó la pregunta central que podría definir las implicaciones electorales: «¿De qué sirve que renuncie si nadie le va a hacer nada y quedará impune ese despilfarro de dinero?» Esta interrogante refleja el escepticismo ciudadano sobre la genuina voluntad de combatir la corrupción que podría traducirse en castigo electoral.
El dilema de la continuidad vs. el cambio
Para las elecciones de noviembre, Libre enfrenta un dilema narrativo complejo. El partido debe defender un discurso de continuidad para justificar la candidatura de Rixi Moncada, mientras simultáneamente intenta distanciarse de los escándalos que han manchado la gestión actual. Esta tensión se agrava porque los principales involucrados en el escándalo permanecen dentro de la estructura partidaria.
El fiscal general Johel Zelaya admitió que «por ahora presumimos que puede haber corrupción» en el caso Sedesol, manteniendo la incertidumbre sobre las implicaciones legales que podrían extenderse durante el período electoral.
El líder jesuita Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, ofreció una perspectiva que refleja el sentimiento de sectores críticos: la sociedad «merece respuestas mucho más serias que ese informe churro del Ministro de Transparencia». Esta demanda de transparencia genuina versus respuestas cosméticas podría convertirse en un factor determinante para el voto de sectores independientes.
Contexto regional y vulnerabilidades electorales
El escándalo de Sedesol ocurre en un momento regional donde varios gobiernos progresistas enfrentan cuestionamientos por corrupción, desde el caso Lava Jato en Brasil hasta escándalos recientes en Colombia y Chile. Esta tendencia regional crea un contexto adverso para cualquier gobierno que enfrente acusaciones similares.
Las declaraciones del consultor venezolano Alejandro Peña Esclusa, aunque provenientes de un crítico sistemático de gobiernos de izquierda, reflejan narrativas que la oposición hondureña podría explotar electoralmente. Sus señalamientos sobre vínculos con líderes latinoamericanos cuestionados y la exportación de metodologías de fraude electoral alimentan teorías conspirativas que podrían resonar en sectores conservadores del electorado.
Implicaciones para la sucesión presidencial
La crisis de Sedesol complica significativamente la estrategia electoral de Rixi Moncada, quien debe defender la continuidad de un gobierno manchado por escándalos de corrupción. La candidata oficialista enfrenta el desafío de articular un mensaje de continuidad programática sin cargar con el lastre de las irregularidades administrativas.
La presidenta Xiomara Castro intentó distanciarse del escándalo declarando que «ni el Partido Libre, ni la candidata presidencial, ni la Presidencia de la República hemos sido notificados, ni hemos conocido ni aprobado ninguna transacción de esa naturaleza», pero esta defensa podría ser interpretada como desconocimiento de lo que ocurre en su propia administración.
La respuesta del Ministerio Público será crucial para determinar el impacto electoral del escándalo. Los expertos advierten que «si el Ministerio Público no actúa con decisión, se enviará un mensaje devastador: que en Honduras se puede usar el Estado como botín político y salir ileso, si se renuncia a tiempo».
La percepción de impunidad podría movilizar el voto de castigo contra el oficialismo, especialmente entre sectores que votaron por Libre precisamente para romper con las prácticas corruptas del pasado. El partido enfrenta así el riesgo de perder credibilidad tanto entre su base progresista como entre votantes independientes que apostaron por el cambio.
Perspectivas electorales y escenarios futuros
El escándalo de Sedesol podría convertirse en un factor determinante para las elecciones de noviembre, especialmente si se extiende con nuevas revelaciones o si la justicia permanece inactiva. La oposición dispone ahora de argumentos concretos para cuestionar la honestidad del oficialismo, erosionando una de sus principales ventajas competitivas.
Para Libre, la recuperación requiere acciones dramáticas que demuestren genuina voluntad de combatir la corrupción interna. Sin embargo, el tiempo se agota y cada día que Isis Cuéllar permanece en funciones sin rendir cuentas refuerza la percepción de protección a funcionarios corruptos.
El destino electoral del oficialismo podría depender de su capacidad para generar consecuencias creíbles por las irregularidades detectadas, demostrando que sus promesas de transparencia van más allá de la retórica electoral. De lo contrario, el escándalo de Sedesol podría marcar el inicio del fin para un proyecto político que llegó al poder prometiendo precisamente acabar con la corrupción que ahora lo define.
