Tegucigalpa – Una publicación titulada «Sicarios de la comunicación» en el periódico oficial de las Fuerzas Armadas ha desatado una crisis sin precedentes entre la institución militar y el gremio periodístico hondureño, elevando las tensiones a niveles que diversos comunicadores califican como los más hostiles en décadas de relación entre prensa y poder.
El editorial militar constituye una aparente respuesta a las denuncias formuladas por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el periodista Rodrigo Wong Arévalo sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos del renglón 100 por parte de la Secretaría de Defensa para financiar actividades políticas, supuestamente vinculadas a la campaña presidencial de la ministra Rixi Moncada.
La publicación castrense calificó como «infundadas» las afirmaciones periodísticas, pero la terminología utilizada para descalificar a los comunicadores ha generado alarma en el gremio y organizaciones de derechos humanos, que interpretan el lenguaje como una amenaza directa contra la libertad de expresión.
Juan Carlos Sierra Galeas, presidente del CPH, reaccionó con indignación ante lo que consideró una agresión institucional. «¡Qué pena por las FFAA! Se nota que el discurso del viernes anterior ocasionó roña en la cúpula. Hago responsables al general Roosevelt Hernández y a la ministra Rixi Moncada de cualquier daño a mi integridad física o la de mi familia», manifestó en sus redes sociales.
Sierra Galeas advirtió que pondrá en conocimiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos esta situación, que caracterizó como «una escalada peligrosa de persecución desde el poder militar», evidenciando la gravedad que el gremio periodístico atribuye a estos ataques institucionales.
La periodista Thelma Mejía ofreció un análisis que profundiza en las implicaciones institucionales del caso. «Sin duda el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sigue sin tener quien le escriba. Esa portada donde llama sicarios a la prensa encierra un fuerte mensaje institucional de las Fuerzas Armadas contra la prensa y la libertad de expresión», manifestó.
Mejía subrayó el carácter oficial de la agresión: «Se vuelve institucional desde el momento que una dependencia del Estado coloca en su portada informativa el logo del CPH, hace que esa posición sea institucional y no de un comandante en jefe». Esta observación plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza de los ataques: «¿Estamos frente a una política abierta del Estado contra la prensa, los medios y la libertad de expresión?».
La comunicadora advirtió sobre las características asimétricas de esta confrontación: «Estamos frente a momentos más tensos en las relaciones entre la prensa y el poder caracterizadas de profunda hostilidad. Esta posición no abona al debate de las ideas ni a la democracia, porque ellos tienen el poder de las armas, investidos de autoridad que los pone por encima de cualquier ciudadano, medio de comunicación y periodista».
En una reflexión histórica particularmente punzante, Mejía conectó este episodio con el pasado autoritario hondureño: «Esto demuestra que no han aprendido nada de su pasado cercano de violación a derechos humanos, golpes de Estado y desaparición forzosa de personas. Así lo registra la historia. No es así como funcionan las democracias».
El periodista Armando Villanueva fue aún más directo en sus críticas al liderazgo militar actual: «Jamás en la historia las FFAA habían estado bajo el mando de un general tan COBARDE, TÍTERE y ahora VOCERO de políticos corruptos y narcos, como lo hace ahora Roosevelt Hernández», señalando lo que considera una degradación sin precedentes del liderazgo castrense.
Esta crisis se produce en un contexto electoral donde la ministra de Defensa, Rixi Moncada, busca la candidatura presidencial por el partido oficialista Libre, lo que agrega una dimensión político-partidaria a las tensiones y plantea serias interrogantes sobre la utilización de instituciones del Estado para fines electorales.
El episodio representa un test crucial para la democracia hondureña y su capacidad de mantener el equilibrio entre poderes, especialmente considerando que las Fuerzas Armadas deberían constituir una institución apolítica subordinada al poder civil y no un actor que intimida a periodistas o defiende intereses político-partidarios específicos.
La escalada sugiere un deterioro preocupante en el respeto a las libertades fundamentales en Honduras, particularmente en un año electoral donde la libertad de prensa debería ser especialmente protegida para garantizar un debate público informado y la transparencia que requiere el proceso democrático.
