Tegucigalpa, Honduras – El sistema de justicia hondureño experimenta una parálisis procedimental que evidencia fallas estructurales en la definición de competencias judiciales. El caso del candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, y siete coimputados genera un conflicto jurisdiccional donde tanto la Sala de lo Constitucional como la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción se declaran incompetentes para resolver un recurso de amparo, creando un limbo judicial que favorece la impunidad.
La disfuncionalidad del sistema se manifiesta en un intercambio de rechazos institucionales que paraliza la justicia. Inicialmente, la Sala de lo Constitucional declinó conocer el recurso de amparo «declarándose incompetente alegando que el amparo se dirige a los Juzgados de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción».
Sin embargo, cuando el expediente llegó a esta instancia, la Corte de Apelaciones «se abstuvo de conocer» el recurso y «resolvió devolver las diligencias a la Sala de lo Constitucional señalando que es el ente competente para conocer la acción de amparo».
Este ping-pong judicial involucra a ocho imputados de alto perfil en el sistema político y empresarial hondureño. Además de Nasry Asfura, quien ejercía como alcalde de la capital cuando presuntamente ocurrieron los hechos investigados, figuran Cinthia Borjas Valenzuela, Mario Zerón Suazo, Nilvia Ethel Castillo, Óscar Uriarte Romero, Roger Amador Ramírez, Rony López Córdova y Wilmer Rodríguez López, configurando un caso que trasciende responsabilidades individuales para implicar redes de poder político y económico.
La estrategia defensiva aprovecha precisamente esta confusión institucional para argumentar violaciones de derechos fundamentales. La defensa sostiene que «se están violando los derechos de sus representados debido a la incompetencia del tribunal ordinario», mientras invoca «la preeminencia de lo actuado y establecido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a través de su informe lo cual determina la falta de acción del Ministerio Público».
El conflicto de competencias revela problemas más profundos del sistema judicial hondureño, donde la indefinición procedimental puede convertirse en herramienta de impunidad para casos políticamente sensibles.
La incapacidad de las instancias judiciales para definir responsabilidades jurisdiccionales claras genera espacios de maniobra que benefician a imputados con recursos legales sofisticados, mientras el expediente permanece en un limbo que aleja las posibilidades de resolución judicial definitiva.
Esta situación cobra particular relevance considerando que uno de los imputados mantiene aspiraciones presidenciales, convirtiendo el conflicto judicial en un factor que podría influir en el desarrollo del proceso electoral nacional.
