Tegucigalpa – El sistema de justicia hondureño enfrenta una nueva crisis de credibilidad tras la suspensión del juez Plinio Consuegra, quien fue castigado por aplicar criterios garantistas en la audiencia inicial contra los militares acusados del asesinato de Isy Obed Murillo, el joven de 19 años que se convirtió en el primer mártir de la resistencia durante las manifestaciones contra el golpe de estado de 2009. La medida disciplinaria, que Consuegra califica como una «clara violación a la independencia judicial», evidencia cómo el Poder Judicial subordina principios constitucionales a presiones políticas en casos de alta sensibilidad histórica.
La controversia se origina en la audiencia inicial de enero donde Consuegra otorgó arresto domiciliario a Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y figura central del golpe de estado, junto a Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, acusados del homicidio de Isy Obed Murillo ocurrido el 5 de julio de 2009. El joven estudiante y trabajador de medio tiempo murió de un disparo en la cabeza por fuerzas militares mientras participaba en una manifestación pacífica en el aeropuerto Toncontín, donde miles esperaban el regreso del presidente constitucional Manuel Zelaya tras el golpe del 28 de junio.
Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que la suspensión de Consuegra por tres meses sin goce de salario obedece a «inconsistencias detectadas» en el desarrollo de la audiencia y las decisiones procesales adoptadas. Sin embargo, reveló que la recomendación inicial de Supervisión General de Tribunales era el despido del juez, medida que fue moderada tras «un segundo análisis» que consideró «el equilibrio que merece todo expediente» de un servidor judicial.
La sanción contra Consuegra adquiere dimensiones preocupantes cuando se analiza su historial disciplinario. Según autoridades judiciales, el magistrado ha sido objeto de investigaciones en 2019, 2022, 2024 y 2025 «por conductas similares», lo que sugiere un patrón de persecución sistemática contra un juez que ha manejado casos políticamente sensibles. Consuegra, con 18 años de carrera judicial, afirmó que «nunca había tenido tantas audiencias de descargo como en este año», denunciando que estas acciones constituyen «un intento de despido injustificado» motivado políticamente.
El caso de Isy Obed Murillo representa uno de los capítulos más oscuros de la represión durante el golpe de estado que destituó a Zelaya cuando promovía una consulta popular para reformas constitucionales. El estudiante del instituto «21 de febrero» fue abatido por francotiradores militares con fusiles M16 cuando manifestantes intentaban recibir al presidente exiliado en su intento de regreso. Testigos internacionales, incluyendo una misión encabezada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, documentaron que las fuerzas armadas dispararon indiscriminadamente contra civiles desarmados.
La Fiscalía hondureña sostiene que las actuaciones militares fueron «brutalmente desproporcionadas» y constituyeron «crímenes ejecutados bajo órdenes directas» de los altos mandos del Estado Mayor Conjunto. Sin embargo, el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades, incluyendo la misteriosa desaparición en 2019 del expediente original que contenía pericias forenses cruciales para identificar a los responsables directos del asesinato.
Consuegra defendió su decisión argumentando que aplicó criterios de proporcionalidad y respeto al estado de inocencia. «El último razonamiento del juez debe ser la cárcel», explicó, «porque a todo ciudadano en este país se le presume inocente mientras no haya una prueba contundente que determine su responsabilidad». Su posición, basada en el artículo 172 del Código Procesal Penal que otorga discrecionalidad judicial en medidas cautelares, contradice la expectativa oficial de aplicar automáticamente prisión preventiva en casos de alto perfil político.
La Corte de Apelaciones revocó en marzo la decisión de Consuegra, ordenando que los tres acusados fueran remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara bajo prisión preventiva. Solo Cervantes y Puerto se presentaron voluntariamente, mientras que Romeo Vásquez permanece prófugo desde entonces, difundiendo videos desde ubicaciones desconocidas con mensajes contra el expresidente Zelaya y el fiscal general Johel Zelaya, quien dirige la investigación.
La suspensión de Consuegra ocurre en un contexto donde la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, enfrenta cuestionamientos sobre su gestión del Poder Judicial. El juez sancionado criticó directamente a Obando, afirmando que su decisión violenta el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza el derecho al trabajo, especialmente considerando que la suspensión lo deja sin ingresos y le prohíbe ejercer como abogado privado.
El magistrado anunció que impugnará la decisión ante el Consejo de Personal, disponiendo de diez días hábiles para presentar su recurso. «Tengo derecho a defenderme», declaró, «no comparto la opinión de Supervisión General de Tribunales ni de la señora presidenta, y eso me motiva y me obliga a defender mis derechos». La resolución aún no está firme, pero marca un precedente grave sobre cómo el sistema judicial trata a magistrados que aplican criterios garantistas en casos políticamente sensibles.
La situación se agrava cuando se considera que Vásquez Velásquez, figura central del golpe de estado y actual prófugo, ha expresado temores de ser asesinado si regresa a prisión, alegando la existencia de un plan para eliminarlo en la penitenciaría de Támara. La Policía Nacional ofrece dos millones de lempiras de recompensa por información sobre su paradero, mientras el exmilitar mantiene desde el exilio una campaña mediática denunciando «persecución política» del gobierno actual.
El caso expone las contradicciones del sistema judicial hondureño, donde jueces enfrentan persecución disciplinaria por aplicar estándares internacionales de derechos humanos, mientras figuras vinculadas a violaciones masivas durante el golpe de estado logran evadir la justicia. Consuegra alertó que su situación «no es un caso aislado» y que «hay 284 jueces en la misma situación, algunos incluso en condiciones peores», sugiriendo una crisis sistémica de independencia judicial.
La búsqueda de justicia para Isy Obed Murillo, considerado el primer mártir de la resistencia contra el golpe de estado, se convierte así en un símbolo de las limitaciones del estado de derecho hondureño. Mientras sus padres, David Murillo y Silvia Mencías, han llevado el caso hasta tribunales internacionales exigiendo justicia y reparación, el sistema judicial nacional demuestra su incapacidad para procesar de manera imparcial a responsables de crímenes de lesa humanidad, optando en cambio por perseguir a los magistrados que intentan aplicar estándares garantistas en estos procesos históricos.
