Tegucigalpa – La reconocida socióloga Julieta Castellanos presentó un devastador análisis del panorama político-electoral hondureño, advirtiendo que los múltiples ataques contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la fragmentación partidaria configuran un escenario donde «hablar de elecciones democráticas es una ficción» de cara a los comicios generales de noviembre.
En un amplio estudio sobre las dinámicas preelectorales, Castellanos alertó que aunque la convocatoria oficial aún no se ha lanzado, «la contienda ya ha comenzado, marcada por crisis internas en los partidos tradicionales, el ascenso de fuerzas emergentes y una hostilidad sin precedentes contra el CNE, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo y el Ministerio Público».
El mapa electoral fragmentado
El análisis de Castellanos reveló profundos cambios en el comportamiento electoral de los partidos tradicionales. El Partido Nacional, aunque obtuvo más votos en las primarias de 2025, «perdió fuerza respecto a 2021 y enfrenta dificultades para conquistar votantes independientes». La socióloga precisó que pese a mantener «el mayor voto duro, no es garantía de triunfo. Necesita más de 800,000 votos para alcanzar lo que logró la Alianza Libre-PSH-PINU en 2021».
El diagnóstico sobre Libre, actual partido de gobierno, resultó particularmente crítico. «Es el que más caudal electoral perdió. En las primarias, no logró ni de cerca los más de 1.7 millones de votos que obtuvo en 2021, muchos de ellos prestados por fuerzas independientes y aliadas», explicó Castellanos. Según su análisis, «hoy Libre tiene su voto duro y clientelar, pero eso ya no es suficiente. El voto que necesita es el independiente, crítico, que rechaza el autoritarismo, la corrupción y el nepotismo».
Respecto al Partido Liberal, la experta identificó «una leve recuperación, pero insuficiente». Aunque podría recuperar electores que en 2021 apoyaron a Libre por el deseo de cambio, enfrenta serias divisiones internas. «Su conducción partidaria está fragmentada entre autoridades formales y fácticas, y su candidato es más afín a decisiones personalistas que colectivas», señaló.
La irrupción de fuerzas emergentes
Castellanos destacó el papel creciente de los partidos emergentes en la disputa por el voto independiente. Nelson Ávila, ahora candidato del PINU, «le restará votos a Libre»; Mario Rivera, postulado por el PDCH, «podría afectar al PN»; mientras que Sasan Fúnez de la Alianza Patriótica y Aníbal Cálix del PSH también contribuyen a fragmentar el espectro político tradicional. «El PSH podría mantener su cuarto lugar en el Congreso», estimó la analista.
El CNE bajo asedio institucional
El aspecto más alarmante del análisis se centró en lo que Castellanos denominó una «campaña sistemática de ataques y presión contra el CNE, proveniente del Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Ministerio Público». La socióloga documentó un patrón de intimidación que incluye «acusaciones públicas de la presidenta Xiomara Castro contra la titular Cossette López, hasta la intervención intimidante del jefe del Estado Mayor Conjunto en plena sesión del órgano electoral».
Estas intromisiones, según Castellanos, «buscan subordinar el proceso electoral al poder político», comprometiendo fundamentalmente la independencia del árbitro electoral. Un ejemplo concreto de esta subordinación es «la aprobación tardía del presupuesto electoral, canalizado a través de la Partida Confidencial 449 de Casa Presidencial», lo que significa que «el CNE depende de la voluntad discrecional de Casa de Gobierno para recibir fondos, lo que compromete su independencia».
La selectividad de la justicia
La socióloga también dirigió críticas severas al Ministerio Público por lo que calificó como «sesgo investigativo», al centrarse únicamente «en una sola parte de la cadena de responsabilidades del caótico proceso del 9 de marzo». Castellanos denunció que la institución «no se atreve a investigar al alto mando militar ni al sistema que realmente causó el desastre electoral», evidenciando una justicia selectiva que protege a ciertos actores mientras persigue a otros.
El veredicto demoledor
La conclusión de Castellanos fue categórica y demoledora para las pretensiones democráticas del proceso electoral hondureño: «Con esta estructura institucional y política, hablar de elecciones democráticas es una ficción. Lo que estamos viendo es un proceso que busca legitimar el avance del autoritarismo, no garantizar la voluntad soberana del pueblo».
La socióloga culminó su análisis con una reflexión que define el momento político hondureño: «Las autocracias modernas no impiden elecciones; las manipulan a su conveniencia», estableciendo un marco interpretativo que sitúa a Honduras en la categoría de democracias capturadas donde los procesos electorales se mantienen formalmente pero son vaciados de contenido democrático real.
El diagnóstico de Castellanos presenta un escenario donde la combinación de fragmentación partidaria, subordinación del árbitro electoral y justicia selectiva configura un proceso electoral que, independientemente de sus resultados formales, carece de las condiciones mínimas para ser considerado genuinamente democrático, planteando serias interrogantes sobre la legitimidad del futuro gobierno que emerja de estos comicios.
