Tegucigalpa – Un juez de letras especializado en Criminalidad Organizada de San Pedro Sula dictaminó la suspensión inmediata de tres agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acusados de solicitar 20,000 lempiras a un comerciante para no clausurar su establecimiento.
La audiencia de declaración de imputado, celebrada este miércoles, concluyó con la imposición de medidas cautelares distintas a la detención judicial para los uniformados Erick Antonio Sosa, Jairo Antonio Bonilla Cruz y Eduardo Valentín Suazo Méndez, quienes enfrentan cargos por el delito de concusión.
Entre las medidas dispuestas por el juez figuran: presentación quincenal ante el juzgado para firma del libro de actas, prohibición de salida del país, impedimento de comunicación entre ellos o con la víctima, y restricción de acceso a las instalaciones de la DPI.
La audiencia inicial del proceso ha sido programada para el martes 20 de mayo a las 9:00 de la mañana.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el incidente ocurrió el pasado 28 de abril en el sector del bordo de Río Blanco, cuando los funcionarios policiales llegaron al negocio de la víctima a bordo de un vehículo pick up gris sin placas de identificación.
Durante el operativo, uno de los agentes solicitó al propietario el permiso de operación del establecimiento. Ante la respuesta negativa del comerciante, los imputados procedieron a amenazarlo con aplicarle una multa de 200,000 lempiras, como estrategia de presión para obtener el soborno.
El caso representa un nuevo episodio de presuntos actos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, en un contexto donde las autoridades han intensificado los controles internos para depurar las instituciones policiales.
