Tegucigalpa, Honduras – La estrategia de control parlamentario anunciada por el presidente del Congreso Nacional encuentra respaldo dentro del oficialismo, aunque con matices críticos que buscan moderar las medidas más controversiales. El vicepresidente alterno de la Cámara, Tomás Ramírez, celebró el mensaje de Luis Redondo pero introdujo reservas sobre las sanciones más severas, evidenciando tensiones internas sobre los métodos para garantizar el funcionamiento legislativo.
La defensa de Ramírez se centró en la legitimidad reglamentaria de las suplantaciones escalonadas anunciadas por Redondo. «Lo que hizo el presidente en cadena nacional es establecer claramente el reglamento de asistencias de los diputados», explicó el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), detallando el mecanismo: «si un diputado se representa por su suplente en el caso de no estar el propietario está el suplente, pero si no este ni el propietario ni el suplente asume un suplente de la misma bancada y en el caso que no haya suplentes de la misma bancada, el presidente está facultado para colocar en cualquier butaca a cualquier diputado suplente de otras bancadas».
Sin embargo, el respaldo oficialista no resulta incondicional, particularmente respecto a las sanciones más drásticas contempladas en la estrategia presidencial. Ramírez expresó sus reservas sobre «advertir de suspender a los congresistas hasta con 10 años», sugiriendo que esta medida podría resultar desproporcionada para el objetivo de garantizar el quórum legislativo.
El vicepresidente alterno contextualizó históricamente las amenazas actuales, recordando que «en administraciones anteriores del Congreso hubo iguales amenazas a las proferidas por Luis Redondo». Específicamente rememoró que «Tomás Zambrano, en su momento, dijo que iba a inhabilitar diputados», estableciendo un precedente que normaliza este tipo de advertencias en períodos de confrontación parlamentaria.
La posición de Ramírez reconoció simultáneamente la legitimidad de la resistencia opositora y la necesidad de funcionamiento institucional. «La oposición tiene derecho a la insurrección legislativa», concedió el funcionario, mientras enfatizó que «el pueblo eligió a los diputados para legislar y no para que interrumpan las sesiones en ese poder del Estado».
El llamado más significativo del vicepresidente alterno se dirigió hacia la búsqueda de soluciones consensuadas que eviten el deterioro institucional. Ramírez sugirió al presidente Redondo «establecer diálogos porque de lo contrario se afecta la confianza ciudadana y se ahuyenta la inversión», advirtiendo sobre las consecuencias económicas y sociales de una confrontación parlamentaria prolongada que podría dañar la percepción de estabilidad institucional necesaria para el desarrollo nacional.
