Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) formalizó este martes el inicio de una investigación especial contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el presunto manejo irregular de recursos públicos expuesto en el audio entre el ministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar, confirmando que el proceso inquisitivo se encuentra en curso desde el momento de conocerse la denuncia pública.
El portavoz del TSC, Roberto Isaula, reveló que el pleno de magistrados instruyó oficialmente la investigación con el objetivo específico de “verificar el presunto uso indebido de fondos estatales, particularmente en la entrega de cheques de Sedesol, los cuales habrían sido utilizados con fines políticos”, elevando el caso a la categoría de investigación especial que contempla múltiples tipos de responsabilidades.
La investigación quedó bajo responsabilidad de la Gerencia de Auditoría Sectorial de Gobernabilidad e Inclusión Social, una unidad especializada que “ejecutará todas las diligencias necesarias para determinar si existió perjuicio económico al patrimonio nacional”, según confirmó el organismo contralor a través de comunicado oficial.
Isaula confirmó que el TSC ya solicitó “información pertinente a Sedesol para esclarecer los hechos”, una acción que marca el inicio formal del proceso de recopilación de evidencia sobre las operaciones cuestionadas en el audio donde Cuéllar detalla la distribución de 2.8 millones de lempiras para equipar 23 coordinaciones del Partido LIBRE.
El organismo contralor estableció el marco jurídico de su investigación, señalando que actuará “con base en los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo” en cumplimiento de su rol como “ente rector del control de los recursos públicos”, una declaración que busca garantizar imparcialidad en un caso que involucra al partido oficialista.
El TSC advirtió sobre las posibles consecuencias legales del proceso investigativo, confirmando que “de encontrarse indicios suficientes, se notificarán las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan”, una advertencia que abarca desde sanciones administrativas hasta imputaciones criminales dependiendo de los hallazgos.
La investigación especial responde directamente a las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, quien exigió que el TSC “tiene la obligación de investigar y pronunciarse en el menor tiempo posible” sobre el escándalo que ha sacudido a su administración y amenazado la credibilidad de las instituciones gubernamentales.
El organismo contralor utilizó el comunicado para reafirmar principios institucionales que contrastan con las prácticas expuestas en el audio. “El TSC reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando que toda gestión de fondos públicos debe responder al interés ciudadano y no a propósitos político-electorales”, declaración que implícitamente confirma la naturaleza irregular de las operaciones investigadas.
La formalización de la investigación especial ocurre mientras múltiples sectores demandan acciones concretas, incluyendo la propuesta del economista Roberto Lagos de combinar auditoría internacional con la renuncia de Cardona, y las advertencias de la diputada Beatriz Valle sobre el uso del ministro como “chivo expiatorio” por no pertenecer al círculo familiar presidencial.
El TSC enfrenta presión particular debido a críticas previas sobre su lentitud en investigaciones que involucran funcionarios gubernamentales, un problema que el director de ASJ Nelson Castañeda identificó como parte del “pacto de impunidad” que protege a legisladores mediante procedimientos dilatorios.
La investigación especial representa una prueba crucial para la credibilidad del TSC como ente contralor independiente, especialmente considerando que casos previos de corrupción gubernamental han enfrentado obstáculos procedimentales que han limitado la efectividad de las investigaciones y la aplicación de sanciones a funcionarios de alto nivel.
